Derecho Laboral

El plazo de 3 meses para solicitar la ejecución de la sentencia de despido colectivo por parte de un trabajador debe computarse desde la fecha de su firmeza y no desde el momento en que el recurrente dice haber tenido conocimiento de la misma.

La normativa española que prohíbe acumular dos pensiones de IPT causadas en el mismo régimen de Seguridad Social, pero permite tal acumulación cuando dichas pensiones se causen en regímenes distintos puede ser discriminatoria, si sitúa a las trabajadoras en desventaja con respecto a los trabajadores.

La TGSS aclara el contenido de la declaración responsable que se debe presentar para la aplicación de bonificaciones establecidas para los contratos de trabajo para la sustitución de trabajadores durante las situaciones de maternidad, paternidad o riesgos durante la lactancia y el embarazo. Informa, además, de nuevas claves de identificación de contratos, nuevos trámites CASIA y nueva versión SILTRA.

Declarada una situación de incapacidad permanente antes del 1-1-2016, la revisión por agravación declarando con posterioridad a esa fecha a la beneficiaria afecta a un grado de gran invalidez, no le permite acceder al reconocimiento del complemento por maternidad, ya que el hecho causante debe fijarse en el momento de reconocimiento inicial de la situación de la incapacidad permanente.

Convenios colectivos

El pensionista de clases pasivas que comunica a la Administración que está realizando una actividad profesional compatible una vez iniciada esta, no ha de devolver toda la pensión de la pensión de jubilación en los meses que no comunicó, si no tan solo el 25% de la misma, como en los restantes meses. La comunicación se debe realizar con la diligencia debida y en plazo útil para que la Administración haga sus averiguaciones. La resolución de compatibilidad es un actyo administrativo favorable al interesado de naturaleza declarativa y puede tener efectos retroactivos.

Se califica como improcedente, y no como nulo, el despido por causas ETOP o por FM fundamentado en las circunstancias excepcionales derivadas del COVID-19 y la declaración del estado de alarma, pero efectuado sin una causa válida. Solo será nulo si existe algún dato específico que así lo justifique (vulneración de un derecho fundamental, elusión de las normas procedimentales sobre despido colectivo, concurrencia de una circunstancia subjetiva generadora de especial tutela).

El INSST ha publicado la actualización 2022 de las guías técnicas para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto (https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposicion-al-amianto-ano-2022) y con los riesgos químicos (https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-agentes-quimicos-ano-2022).

La falta de acompañamiento del justificante que da cuenta de la anomalía en el funcionamiento de Lexnet con el escrito sometido a plazo, debe ser considerado un defecto subsanable en tanto que el alcance de la incidencia y el contenido del certificado puede ser conocido por el órgano judicial.

Los criterios nacionales para fijar y actualizar los salarios mínimos legales adecuados deben contemplar, al menos el poder adquisitivo de los salarios mínimos legales -teniendo en cuenta el coste de la vida-, la cuantía general de los salarios y su distribución, la tasa de crecimiento de los salarios, y los niveles y la evolución de la productividad nacional a largo plazo.

Se actualizan las cuantías de determinadas tablas del baremo para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que sirven para calcular las indemnizaciones por daños y perjuicios en accidentes de trabajo.

Se publican las instrucciones sobre el pago a los distintos tipos de personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo adicional del 1,5 % previsto en el RDL 18/2022 art.23, así como un formulario de solicitud de abono de estos atrasos para los casos de cambio de destino, de cambio de Administración en la que se prestan servicios o en los casos de no encontrarse en situación de servicio activo o asimilada por jubilación o cualquier otra causan el momento de reconocerse este incremento.