Derecho Laboral

Convenios colectivos

Se actualizan los criterios comunes y se introducen las mejoras necesarias sobre la organización, formato, contenido, duración, calificación y garantías de las pruebas teórico-prácticas para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud, obtenido en Estados no miembros de la UE.

Se prorrogan las restricciones de entrada desde terceros países, salvo las excepciones indicadas, hasta las 24:00 h del 15-12-2022.

En la inscripción y registro de los planes de igualdad rige la obligación de resolver expresamente, por lo que transcurrido el plazo de 3 meses sin haber dictado resolución expresa, la autoridad laboral competente debe inscribir y registrar el plan por silencio administrativo positivo.

Se prorroga para 2023 la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social establecida para 2022.

Una vez desestimada la vulneración de derechos fundamentales que habilitó el acceso al recurso de suplicación, la sentencia que se dicte en su marco es recurrible en suplicación, salvo manifiesto fraude procesal o maniobras torticeras realizadas en abuso de derecho. La sentencia de suplicación en tales casos tiene limitada la cognición a las cuestiones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales alegados en la demanda, sin poder entrar a resolver las de estricta legalidad ordinaria, salvo que se encuentren indisociablemente ligadas a tal vulneración y guarden alguna relación con la misma.

Hay relación laboral y no mercantil entre un tomador de seguros y una entidad aseguradora, cuando el trabajo concertado es, con carácter principal, el cobro de recibos, aunque con carácter complementario se desarrollan otras tareas, tales como la aclaración de dudas, gestión de incidencias en pólizas vigentes y suscripción de otros productos con los mismos clientes, sus familiares o vecinos.

Convenios colectivos

No se puede imponer la realización de pruebas PCR a los trabajadores en base a un protocolo de actuación de la Administración que no cumple los requisitos de validez de una norma jurídica y del que no consta su publicación oficial

Supone una dilación indebida, contraria al derecho a la tutela judicial efectiva que un juzgado de lo social demore el señalamiento del juicio, 3años y casi 5 meses después de la presentación de una demanda de reclamación de una cantidad, aunque ese plazo se redujera a casi 2 años en señalamiento anticipado, que también superaba con creces los tiempos medios de resolución (no de mera citación para juicio) en asuntos equivalentes. El TCo valora que se trata de un juicio que carece de especial complejidad y que, sin embargo, supone un significativo impacto en los derechos del recurrente. Esta demora no puede justificarse en motivos estructurales o por sobrecarga de trabajo no imputable al órgano judicial, como alega el juzgado, pues el ciudadano es ajeno a tales circunstancias.

La empresa no puede oponerse a la constitución de la sección sindical estatal de empresa argumentando que la posibilidad de optar para ello entre la empresa o el centro de trabajo no es algo que quede al arbitrio del sindicato ni que la organización sindical esté obligada, a la hora de configurar una sección sindical, a seguir el mismo esquema que se haya establecido para la configuración de la representación unitaria, ya que la jurisprudencia señala todo lo contrario. Tampoco puede alegar que se hayan incumplido los estatutos del sindicato, cuya defensa queda reservada a la propia entidad sindical.

Durante el periodo de prueba cualquiera de las dos partes puede abandonar la relación laboral sin necesidad de tener que comunicarlo a la otra por escrito, o de utilizar una forma y contenido determinado. Únicamente se requiere que no exista una vulneración de derechos fundamentales.