Derecho Laboral

Cuando el litigio versa solamente sobre diferencias económicas prestacionales y no sobre el reconocimiento de una prestación, la cuantía litigiosa a efectos de acceso al recurso de suplicación debe determinarse por el importe anual de la diferencia reclamada y, si esta supera el umbral legal, procede el recurso, aunque cada mensualidad individual sea inferior.

Se declara la nulidad parcial de la oferta empleo público de estabilización en la AGE por la omisión de la reserva legal de plazas para personas con discapacidad.

La edad no es la circunstancia definitiva para el reconocimiento o denegación de la IPT del deportista profesional, sino que lo que ha de constatarse es si, a consecuencia de su patología, ha perdido capacidad para realizar las tareas esenciales de su profesión con normalidad, seguridad y rendimiento mínimo.

El TS declara la validez como prueba de las imágenes obtenidas mediante cámaras de videovigilancia visibles y anunciadas mediante carteles informativos, que permitieron captar la comisión flagrante de un acto ilícito, al considerar su instalación y uso como una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada. Pero, incluso, aunque la prueba se hubiera obtenido con vulneración de derechos fundamentales, su nulidad no determinaría, necesariamente, la nulidad del despido si existen otras pruebas hábiles que acreditan el incumplimiento del trabajador.

Desde el 5-3-26, se regula la tramitación electrónica del procedimiento de reconocimiento de las prestaciones por desempleo vinculadas a los supuestos de suspensión de contratos o reducción de jornada, relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos en municipios de Andalucía y Extremadura, con especialidades aplicables a los trabajadores al servicio del hogar familiar.

Exigir al empresario que, al contratar, adopte medidas de comprobación de la identidad de los trabajadores es desmesurado, resultando suficiente con que su conducta se acomode a las reglas de la buena fe y al comportamiento de un ciudadano medio.

El recargo por mora carece de naturaleza sancionadora y se aplica automáticamente cuando no se paga en plazo la deuda con la Seguridad Social, salvo cuando el ingreso tardío sea imputable a un error de la Administración, no siendo posible aplicar principios de índole material (buena fe, confianza legítima, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos) que modulen la exigibilidad del recargo en atención a las circunstancias concurrentes.

El TS ha anulado en parte el RD 402/2025 por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores. La anulación afecta a la atribución de la legitimación sindical exclusivamente a las organizaciones más representativas a nivel estatal o autonómico, y a la exigencia de aportar la identificación fiscal de los trabajadores en la solicitud.

Se regula la tramitación electrónica del procedimiento de reconocimiento de las prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTE por fuerza mayor o ETOP relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos en municipios de Andalucía y Extremadura.

La Comunidad Autónoma del País Vasco asume, a través de sendos Convenios previstos en su Estatuto de Autonomía, la gestión de las prestaciones familiares y del subsidio por nacimiento y cuidado de menor, ambas en su modalidad no contributiva, la de la protección por desempleo y la del seguro escolar.

Convenios colectivos

Con efectos desde el 6-3-2026, se regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, vía adicional para que las personas interesadas que se encuentren en territorio nacional presenten sus solicitudes y procedimientos en materia de extranjería mediante representación -los colaboradores de extranjería-.