La ITSS realiza una visita a una embarcación que llega a puerto con cuatro personas a bordo, tres empleados y el patrón. Tras requerirlos a ese último, comprueba los NIE y contratos de trabajo, y que están de alta por cuenta ajena en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. La Comandancia de la Guardia Civil por su parte comprueba las huellas digitales de los empleados e informa a la ITSS de que su identidad es falsa y que, en realidad, son personas de nacionalidad senegalesa sin autorización de trabajo por cuenta ajena.El empresario comparece y manifiesta desconocerlo, que los trabajadores acudieron a la cofradía buscando empleo, les contrató y le aportaron la documentación con la que solicitó sus altas en Seguridad Social. Y la Capitanía Marítima correspondiente autorizó su enrole.La ITSS levanta acta de infracción por contratar trabajadores extranjeros sin haber obtenido antes la correspondiente autorización de residencia y trabajo, por tres infracciones muy graves, una por cada trabajador (LOEX art.54.1.d). Recoge que en los TIE se aprecia claramente que las fotografías no coinciden con los rostros de los empleados, y que las fechas de nacimiento se corresponden con personas visiblemente más mayores que aquellos.El acta da lugar a una resolución de la Delegación del Gobierno, que impone al citado empresario una sanción de 30.003 €. Además, los hechos dan lugar a diligencias previas, que se archivan por no quedar debidamente justificado el delito.El empleador plantea demanda sobre impugnación de actos administrativos, y el asunto termina en suplicación, alegando el Abogado del Estado que el dolo o negligencia, incluso leve o ignorancia inexcusable, justifica el acta de infracción y la sanción.El TSJ analiza la jurisprudencia, conforme a la cual, la culpabilidad en el Derecho administrativo sancionador tiene características diferentes que en el Derecho penal (TS 17-9-25, EDJ 697044).Conforme a los hechos expuestos, se desprende que el empresario actuó por error, no con culpa o dolo -que no se acreditan- ni negligencia. Y no cabe exigirle una prueba diabólica como es acreditar el parecido de los empleados con las fotografías aportadas.Exigir al empresario que al contratar adopte medidas de comprobación de la identidad de los trabajadores es absolutamente extravagante y desmesurado, resultando suficiente con que su conducta se acomode a las reglas de la buena fe y al comportamiento de un ciudadano medio (TSJ La Rioja 31-3-21, EDJ 568790).Desestima el recurso.TSJ Cantabria 7-11-25, EDJ 760067
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17 marzo 2026
Con entrada en vigor el 22-3-2026, se establece la prohibición de despedir vinculada a la percepción de ayudas directas del plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio, así como las consecuencias de su incumplimiento.
13 enero 2026
Se actualizan los módulos económicos máximos aplicables a efectos de la determinación y justificación de las subvenciones para la financiación de la oferta formativa en el trabajo. Además, se incluye como objeto de subvención la nueva percepción económica por día de asistencia a las acciones de formación y se ajusta el límite de rentas para ayudas de conciliación a beneficiarios de subsidios de desempleo.
14 marzo 2023
Por primera vez se reconoce en suplicación, por el TSJ de Cataluña, el derecho a una indemnización adicional que se suma a la legal tasada en un caso de despido objetivo que califica de improcedente, casando la de instancia. Esta indemnización adicional se limita al lucro cesante de tres mensualidades del subsidio de desempleo que el trabajador no pudo percibir al no haber podido ser incluido en el ERTE subsiguiente. Por el contrario, el TSJ de Castilla La Mancha no comparten esa postura y niegan el reconocimiento de indemnización adicional, solicitada con base en la edad de 59 años de la trabajadora cesada. A su modo de ver, ésta solo es posible si hubiera vulneración de derechos fundamentales, o se previera su abono convencional o contractualmente o atendiendo a las circunstancias de falta de readmisión o si esta se produjera de forma irregular. Consideran que la indemnización tasada es de configuración legal y no vulnera lo establecido en los convenios internacionales ratificados por España, ni resulta arbitraria.
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