Derecho Laboral

Convenios colectivos

No tratándose de una prestación causada desde el 1-1-2022, son ineficaces, a efectos de la carencia necesaria para causar derecho a la pensión de jubilación, las cotizaciones correspondientes al periodo anterior a la afiliación de la trabajadora al RETA, formalizada antes del 1-1-1994, y que se abonaron con posterioridad a alta en el régimen especial.

Se deniega el abono de la indemnización de 120.000 euros por vulneración de derechos fundamentales solicitada por un trabajador que se acoge a la resolución indemnizada de su contrato de trabajo por violación del derecho a la desconexión digital.

Es procedente el despido por causas ETOP comunicado a la representación de los trabajadores 4 días después de la notificación a la trabajadora. La comunicación de la carta de despido puede efectuarse con posterioridad a la notificación al trabajador despedido siempre y cuando se efectúe en un plazo prudencial que permita el ejercicio de los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores.

El TS reitera que el trabajador que ha agotado el plazo máximo en situación de IT sin declararse la incapacidad permanente, tiene derecho a la prestación por una nueva IT por la misma patología iniciada antes de transcurrir 180 días desde la IT anterior. El INSS no puede ser discrecional y denegar la prestación sólo por tratarse de la misma o similar patología que la IT precedente, sino que debe basarse en otros datos objetivos, como la posibilidad del trabajador de recuperar su capacidad laboral.

La TGSS informa sobre los trámites necesarios en el ámbito de afiliación para la aplicación de los nuevos incentivos a la contratación laboral tras la entrada en vigor del RDL 1/2023. También incluye información sobre la relación laboral especial de artistas del sector audiovisual y la nueva versión de SILTRA.

Consumir cocaína antes de un accidente de tráfico in itinere supone la asunción y creación de un riesgo adicional a los de la conducción, por lo que es encuadrable en el concepto de imprudencia temeraria.

Para que se considere accidente de trabajo, el RGSS se limita a requerir que la lesión se sufra durante el tiempo y en el lugar de trabajo, mientras que el RETA requiere que se pruebe la conexión directa e inmediata de esa lesión con el trabajo realizado.

Es nulo el despido de un trabajador que aportó indicios claros de vulneración de su derecho a la libertad ideológica, por su participación en una manifestación política fuera del tiempo de trabajo que fue difundida por los medios de comunicación, que no fueron desvirtuados por la empleadora que no es una empresa de tendencia. El TCo confirma la sentencia de instancia y anula la sentencia de suplicación que tan solo hizo un análisis de legalidad ordinaria de la causa alegada por la empresa en la carta de despido (transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza por uso indebido de la imagen de la empresa en redes sociales para exponer sus ideas) y la considero procedente considerando también el daño reputacional ocasionado a la empleadora.

La diferencia de trato en las condiciones reconocidas a los trabajadores de las empresas públicas fusionadas debe someterse al principio de igualdad, ya que cuando el empleador es una AAPP está sometida en su actuación al respeto a la ley y al Derecho.

Se considera fuerza mayor, a efectos de solicitar un ERTE de suspensión de contratos, el ciberataque sufrido por una compañía que le obligó a paralizar el centro de proceso de datos, al tratarse de un acontecimiento previsible, pero inevitable, a pesar de que la empresa cumplió con todas sus obligaciones preventivas en materia de seguridad informática.

Para que el informe del servicio de prevención ajeno declarando al trabajador no apto constituya medio de prueba válido para acreditar la existencia de ineptitud sobrevenida causante de despido, es necesario que identifique con precisión las limitaciones y su incidencia sobre las funciones desempeñadas.