Derecho Laboral

Si el convenio colectivo prevé la ampliación de 2 a 4 días hábiles cuando resulte preciso hacer un desplazamiento a otra localidad, debe aplicarse también a los casos en que las localidades de residencia y hospitalización pertenecen a dos términos municipales diferentes, pero próximos entre sí.

Cabe recurso de suplicación frente a la sentencia dictada sobre impugnación de sanción administrativa en materia de Seguridad Social, según clasificación de la LISOS, cuando el contenido económico del acto sancionador impugnado supere el umbral de los 3.000 €.

Se declara justificado un ERTE derivado del COVID-19 al quedar acreditadas las causas productivas y organizativas en las que fundamenta, en el contexto de la crisis sanitaria sin precedentes, que requería la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a dicha coyuntura.

La realización de funciones distintas a las desempeñadas por la trabajadora sustituida no desvirtúa el contrato de interinidad por sustitución siempre que el puesto de trabajo, objeto de la sustitución, quede identificado plenamente, ya que la interinidad por sustitución es totalmente compatible con el derecho de promoción del trabajador sustituto, así como su derecho a la carrera profesional, y no impide la utilización de la movilidad funcional.

Es nulo el periodo de prueba que se remite a lo regulado en el convenio colectivo aplicable o el ET art.14, al no fijarse en ellos una duración concreta sino un periodo máximo.

La ansiedad producida por las amenazas de los familiares de una paciente es causa de IT por la contingencia de accidente de trabajo, al producirse exclusivamente como consecuencia de este.

Interrumpe la prescripción de la acción de reclamación de cantidad interpuesta por un trabajador el requerimiento efectuado por la ITSS a una empresa para que abone a todos sus trabajadores las diferencias salariales que pudieran resultar de la aplicación de un convenio colectivo, cuando se acredita que la ITSS ha actuado en virtud de una denuncia y aunque no conste la identidad del denunciante.

No procede en caso de trabajadores sociales que realizan visitas a domicilio de personas mayores, personas con problemas mentales y personas dependientes, para valorarlas y determinar el programa individual de atención más adecuado a cada persona, si no resultan probados los requisitos de excepcionalidad de la situación y la habitualidad del riesgo.

Los Servicios de Salud creados por las Comunidades Autónomas no son entidades gestoras de la Seguridad Social que gocen del beneficio de justifica gratuita, por lo que cabe su condena en costas.

Vulnera el derecho fundamental a la intimidad la decisión empresarial de revisar diariamente los bolsos, bolsas, mochilas o similares de los trabajadores de una tienda al finalizar su jornada en una zona videovigilada.

Se considera no ajustado a derecho el despido colectivo de los trabajadores de limpieza de un ayuntamiento, basado en causas económicas al acreditarse una situación de insuficiencia presupuestaria entendida como desajuste entre los ingresos públicos y los gastos. Asimismo no procede que sea declarado nulo en base a la ausencia de buena fe o a la vulneración de la garantía de indemnidad.

La cesión de trabajadores por una ETT a una empresa usuaria con carácter permanente o para cubrir necesidades permanentes de mano de obra es ilegal y constituye falta muy grave.