Derecho Laboral

Convenios colectivos

Las sentencias que resuelven las sanciones impuestas en materia de PRL y los procedimientos sobre recargo de prestaciones derivadas de los mismos hechos están vinculadas siempre no existan razones fundadas para entender otra cosa.

La instalación de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales (SVBA) en los mataderos, obligatorio con carácter general desde el 24-8-2023 y desde el 24-8-2024 para los mataderos pequeños, ha de respetar en todo momento la intimidad de las personas trabajadoras en relación con el entorno digital.

Solo cabe entender como legitimados activamente para impugnar un despido colectivo a la mayoría de miembros de una comisión ad hoc, y no a una parte menor de dichos miembros, aunque fueran disidentes respecto al acuerdo alcanzado en el periodo de consultas.

Convenios colectivos

Se modifican diversas normas reglamentarias que atienden a facetas de la seguridad de los buques y sus equipos, ajustando aspectos que facilitan la actividad marítima, incorporando así la Directiva Delegada (UE) 2021/1206 de la Comisión.

Las citaciones efectuadas por el juzgado vía Lexnet al abogado al que no se le ha otorgado representación no producen efectos, aunque su domicilio aparezca en el escrito de demanda a efectos de notificaciones.

El límite legal de responsabilidad del FOGASA opera para los créditos adeudados por cada relación laboral, también en caso de existir diferentes contratos entre el mismo trabajador y empresa siempre que entre los contratos haya interrupción temporal clara y no haya fraude de ley.

El TCo diferencia por primera vez entre sexo y género, señalando que la identidad de género es una causa sospechosa de trato discriminatorio. Encontrar indicios de discriminación por esta causa supone la inversión de la carga de la prueba. No obstante, es procedente la extinción del contrato de una persona transgénero durante el periodo de prueba si no se acredita la existencia de discriminación.

Cuando la situación de insuficiencia de personal o las necesidades estacionales en una empresa pública se reiteran sistemáticamente en el tiempo, estamos ante una situación estructural que puede ser prevista por la empleadora y que no sirve para justificar la utilización del contrato eventual.

Publicación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2022.

Vulnera el principio de efectividad que la normativa española supedite la efectiva responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de la normativa de la UE a ciertos requisitos. En concreto, que tenga que haber una sentencia del TJUE que declare la norma nacional con rango de ley aplicada contraria a Derecho de la UE y que esta sentencia marque la prescripción y el período de 5 años indemnizable. También es contrario al Derecho de la UE que se obligue a obtener sentencia firme contra la Administración, sin prever casos en los que no existe una actuación administrativa impugnable y el daño deriva de un acto u omisión del legislador.