Derecho Laboral

España ha ratificado el Convenio núm. 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El convenio, vigente con carácter general desde el 25-6-2021, entrará en vigor para España el 25-5-2023.

Se prorrogan las restricciones hasta las 24:00 h del 15-7-2022.

Con el objeto de regular la determinación del hecho causante de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así como sus efectos económicos, este se considera producido en la fecha de presentación de la solicitud.

Desde el 16-6-2022 se flexibiliza la determinación del hecho causante de la pensión de jubilación contributiva (en todos los regímenes del sistema de Seguridad Social), salvo en su modalidad de jubilación parcial que tiene su norma específica. Se posibilita, con ciertas limitaciones, que sea el propio interesado el que indique la fecha en la cual, reunidos los requisitos legales, se deba fijar el hecho causante. Se clarifica así, la ubicación del hecho causante cuando un beneficiario tiene la posibilidad teórica de acceder a la jubilación en fechas diferentes y bajo distintas circunstancias, que pueden cambiar el contenido y los efectos económicos de la pensión correspondiente.

Se modifican las prestaciones complementarias de asistencia social que pueden conceder las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en caso de estados especiales y situaciones de necesidad derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, y sus posibles beneficiarios.

El reconocimiento del complemento de maternidad por aportación demográfica produce efectos desde la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación siempre que se cumplan los restantes requisitos.

Convenios colectivos

Los empleados públicos cuyo contrato de trabajo temporal se haya convertido, por sanción, en indefinido no fijo están comprendidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, dada la naturaleza temporal de este contrato.

Un concepto retributivo reconocido por una empresa unilateralmente con efectos colectivos a sus trabajadores, como es una prima COVID-19, debe ser reconocido a los trabajadores puestos a disposición.

Tras declarar que concurre afectación general para acceder al recurso de suplicación, el TS determina que si el INSS acuerda el alta médica, una vez agotado el plazo de duración de la incapacidad temporal de 365 días, el trabajador tiene derecho a percibir el subsidio hasta la fecha en que le es notificada la resolución administrativa.

El jubilado parcial que cumplió la acumulación concertada de su jornada en período previo a la suspensión colectiva acordada por la empresa no tiene derecho a la prestación por desempleo asociada a dicho ERTE suspensivo.

Si una relación de alta dirección es calificada judicialmente como común, declarándose la improcedencia del despido, es posible compensar la indemnización por ausencia de preaviso y la de desistimiento del contrato de directivo ya abonadas con la indemnización por despido improcedente fijada en la sentencia.