Derecho Laboral

No se puede imponer la realización de pruebas PCR a los trabajadores en base a un protocolo de actuación de la Administración que no cumple los requisitos de validez de una norma jurídica y del que no consta su publicación oficial

Supone una dilación indebida, contraria al derecho a la tutela judicial efectiva que un juzgado de lo social demore el señalamiento del juicio, 3años y casi 5 meses después de la presentación de una demanda de reclamación de una cantidad, aunque ese plazo se redujera a casi 2 años en señalamiento anticipado, que también superaba con creces los tiempos medios de resolución (no de mera citación para juicio) en asuntos equivalentes. El TCo valora que se trata de un juicio que carece de especial complejidad y que, sin embargo, supone un significativo impacto en los derechos del recurrente. Esta demora no puede justificarse en motivos estructurales o por sobrecarga de trabajo no imputable al órgano judicial, como alega el juzgado, pues el ciudadano es ajeno a tales circunstancias.

La empresa no puede oponerse a la constitución de la sección sindical estatal de empresa argumentando que la posibilidad de optar para ello entre la empresa o el centro de trabajo no es algo que quede al arbitrio del sindicato ni que la organización sindical esté obligada, a la hora de configurar una sección sindical, a seguir el mismo esquema que se haya establecido para la configuración de la representación unitaria, ya que la jurisprudencia señala todo lo contrario. Tampoco puede alegar que se hayan incumplido los estatutos del sindicato, cuya defensa queda reservada a la propia entidad sindical.

Durante el periodo de prueba cualquiera de las dos partes puede abandonar la relación laboral sin necesidad de tener que comunicarlo a la otra por escrito, o de utilizar una forma y contenido determinado. Únicamente se requiere que no exista una vulneración de derechos fundamentales.

El plazo de 3 meses para solicitar la ejecución de la sentencia de despido colectivo por parte de un trabajador debe computarse desde la fecha de su firmeza y no desde el momento en que el recurrente dice haber tenido conocimiento de la misma.

La normativa española que prohíbe acumular dos pensiones de IPT causadas en el mismo régimen de Seguridad Social, pero permite tal acumulación cuando dichas pensiones se causen en regímenes distintos puede ser discriminatoria, si sitúa a las trabajadoras en desventaja con respecto a los trabajadores.

La TGSS aclara el contenido de la declaración responsable que se debe presentar para la aplicación de bonificaciones establecidas para los contratos de trabajo para la sustitución de trabajadores durante las situaciones de maternidad, paternidad o riesgos durante la lactancia y el embarazo. Informa, además, de nuevas claves de identificación de contratos, nuevos trámites CASIA y nueva versión SILTRA.

Declarada una situación de incapacidad permanente antes del 1-1-2016, la revisión por agravación declarando con posterioridad a esa fecha a la beneficiaria afecta a un grado de gran invalidez, no le permite acceder al reconocimiento del complemento por maternidad, ya que el hecho causante debe fijarse en el momento de reconocimiento inicial de la situación de la incapacidad permanente.

Convenios colectivos

El pensionista de clases pasivas que comunica a la Administración que está realizando una actividad profesional compatible una vez iniciada esta, no ha de devolver toda la pensión de la pensión de jubilación en los meses que no comunicó, si no tan solo el 25% de la misma, como en los restantes meses. La comunicación se debe realizar con la diligencia debida y en plazo útil para que la Administración haga sus averiguaciones. La resolución de compatibilidad es un actyo administrativo favorable al interesado de naturaleza declarativa y puede tener efectos retroactivos.

Se califica como improcedente, y no como nulo, el despido por causas ETOP o por FM fundamentado en las circunstancias excepcionales derivadas del COVID-19 y la declaración del estado de alarma, pero efectuado sin una causa válida. Solo será nulo si existe algún dato específico que así lo justifique (vulneración de un derecho fundamental, elusión de las normas procedimentales sobre despido colectivo, concurrencia de una circunstancia subjetiva generadora de especial tutela).

El INSST ha publicado la actualización 2022 de las guías técnicas para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto (https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-la-exposicion-al-amianto-ano-2022) y con los riesgos químicos (https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relacionados-con-agentes-quimicos-ano-2022).