Derecho Laboral

Para determinar el Estado miembro cuya institución de garantía es competente para el pago de los créditos salariales impagados de los trabajadores debe considerarse que el empresario insolvente tenga actividades en el territorio de al menos dos Estados miembros, para lo cual no basta con que el trabajador ejerza allí cualquier forma de trabajo sino que la empresa debe tener presencia económica permanente, lo que se traduce en la contratación estable de uno o más trabajadores asalariados. Entonces, la institución competente es la del Estado miembro en el que el trabajador preste habitualmente sus servicios, con independencia del Estado a cuya Seguridad Social se encuentre afiliado.

Por primera vez se reconoce en suplicación, por el TSJ de Cataluña, el derecho a una indemnización adicional que se suma a la legal tasada en un caso de despido objetivo que califica de improcedente, casando la de instancia. Esta indemnización adicional se limita al lucro cesante de tres mensualidades del subsidio de desempleo que el trabajador no pudo percibir al no haber podido ser incluido en el ERTE subsiguiente. Por el contrario, el TSJ de Castilla La Mancha no comparten esa postura y niegan el reconocimiento de indemnización adicional, solicitada con base en la edad de 59 años de la trabajadora cesada. A su modo de ver, ésta solo es posible si hubiera vulneración de derechos fundamentales, o se previera su abono convencional o contractualmente o atendiendo a las circunstancias de falta de readmisión o si esta se produjera de forma irregular. Consideran que la indemnización tasada es de configuración legal y no vulnera lo establecido en los convenios internacionales ratificados por España, ni resulta arbitraria.

El hecho de que el accidente se produzca en un lugar que no es el de su actividad profesional no altera la vinculación del siniestro con el mismo.

Concurrencia de la nota de dependencia y ajenidad, entendidas como la sujeción del trabajador a la esfera organicista y rectora de la empresa, aun cuando lo sea en forma flexible y no rígida.

A partir de 2-3-2023, en el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores autónomos tienen, además de los ya previstos, el derecho a no discriminados, directa o indirectamente, por razón de identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Distinción entre el conflicto colectivo jurídico o interpretativo, al que se refiere la modalidad procesal de conflicto colectivo, y el conflicto económico, regulatorio o de intereses, que ha de resolverse a través de la voluntad negociadora de las partes.

El nuevo BNR aclara las dudas surgidas en torno a la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional, la cotización de los contratos formativos, el nuevo SMI, el nuevo sistema de comunicación de la IT, el cálculo de liquidaciones de cuotas, la prórroga de los aplazamientos especiales a interés reducido y el nuevo servicio para la delegación de las comunicaciones de oficio en el Sistema RED.

A partir del 1-4-2023 se va a considerar como actuación administrativa automatizada la emisión de certificados de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social e informes de deuda pendiente

Se traspone la Dir (UE) 2019/1937 con la finalidad de proteger a las personas que informen sobre infracciones que informen normativas y de lucha contra la corrupción.

Con entrada en vigor a fecha 1-1-2023, se actualiza la tabla salarial incrementando los salarios y honorarios en un 3 % e introduciendo retribuciones específicas para novilladas con rejones en plazas de tercera y cuarta categoría. Asimismo, se clasifica la plaza de toros de Istres (Francia) como de segunda categoría y se modifican las medidas de incentivo salarial existentes para favorecer la celebración de novilladas con y sin picadores en plazas de tercera y cuarta categoría en España.

Se revisa la estructura organizativa y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y se refunde la normativa que regula sus competencias. Asimismo, se regula la estructura y funcionamiento del Centro Nacional de Dosimetría.

Si el asegurado a un sistema de capitalización individual en Andorra, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Méjico, Perú o República Dominicana retira totalmente las aportaciones realizadas, no tiene derecho a su totalización por España, al amparo de un convenio bilateral, pues no existen períodos foráneos. Si la retirada es parcial la totalización de los períodos restantes se hará sobre el remanente, en proporción al porcentaje que dicho retiro suponga sobre el monto total de la cuenta de capitalización.