Derecho Laboral

Reconocido el derecho de los vigilantes de seguridad a disfrutar de un fin de semana de libranza al mes, aunque en ese mismo mes también se disfruten vacaciones.

Es ajustado a derecho el ERTE por fuerza mayor llevado a cabo por una empresa dedicada a la gestión de escuelas infantiles como consecuencia de la borrasca Filomena, tras ser constatada por resolución de la autoridad laboral que devino firme por no haber sido impugnada por los trabajadores.

Para percibir el plus de peligrosidad es determinante que las tareas realizadas o las circunstancias concurrentes sean excepcionales, y los riesgos no sean inherentes a la actividad, o sean superiores a los que soportan otros de la misma categoría y actividad sin percibir una mayor retribución.

Con efectos desde el 1-1-2023 el SMI experimenta un incremento del 8 % respecto de las cuantías vigentes en 2022.

Se establece un procedimiento para obtener información y practicar el embargo, por medios informáticos y telemáticos, de los pagos efectuados a través de los Terminales de Puntos de Venta (TPV) a deudores de la Seguridad Social.

Forma parte del ius variandi empresarial el reducir el servicio de comedor, tras implantar la jornada continua a la mayoría de los trabajadores, permitiendo al resto recoger el menú en una determinada franja horaria de mañana. Ni supone un incumplimiento de convenio colectivo ni es una modificación sustancial del contrato.

Se publica el Código Mundial Antidopaje, en vigor desde el 1-1-2021.

Se considera grave y, por tanto, causa de rescisión del contrato un retraso medio de 10,5 días mantenido durante 1 año. La reiteración en los retrasos no supone un consentimiento tácito de los trabajadores. No puede exigirse al trabajador que asuma y se adapte al retraso sólo porque este se reitere en el tiempo de manera previsible.

A partir del 8-2-2023, la obligatoriedad de las mascarillas por razón de la pandemia de COVID-19 se reduce a los centros y servicios sanitarios, las oficinas de farmacia y botiquines y los centros sociosanitarios, incluidas las residencias de mayores.

El mero criterio de ser parte vencida en el recurso de suplicación no puede servir de base para la imposición de las costas a quien, como el SEPE, goza de beneficio de la justicia gratuita, por tener naturaleza de entidad gestora de la Seguridad Social.

Se deroga el reglamento hasta ahora vigente (RD 775/2011) y se aprueba uno nuevo para adaptar el sistema de acceso al ejercicio de la abogacía y la procura previsto en la L 15/2021, que establece un acceso único a ambas profesiones.

No existe relación laboral, siendo válida la existencia de la vinculación como TRADE, si la actividad profesional desarrollada por los profesionales de la odontología se hace en régimen de auto-organización, asumiendo los riesgos de impago, abonando a la clínica una cantidad por el uso de sus instalaciones, sin ingresos fijos o clientela mínima garantizada por la franquiciada (ni por la franquiciadora), sin prohibición de desarrollar la actividad en otras clínicas