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Desde Lefebvre te ofrecemos un análisis completo sobre cómo la Instrucción 2/2026 del CGPJ redefine el uso de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia, estableciendo un marco claro donde la tecnología potencia —pero nunca sustituye— la función jurisdiccional.
– Marco normativo pionero. Analiza cómo el Reglamento europeo de IA y la normativa española configuran un entorno donde la IA se considera de alto riesgo y sujeta a estrictas garantías jurídicas.
– Control humano y ética judicial. Define principios clave como la no sustitución del juez, la responsabilidad exclusiva y la independencia judicial, evitando la delegación algorítmica.
– IA jurídica segura y trazable. Descubre cómo GenIA-L aporta certeza jurídica mediante fuentes verificadas, trazabilidad completa y razonamiento legal estructurado.
– Aplicación práctica y ventaja competitiva. Explora los usos permitidos —búsqueda, análisis y borradores— y cómo la IA permite ganar eficiencia, reducir riesgos y mejorar la toma de decisiones jurídicas.
¡Descarga ya nuestro ebook!
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La génesis de la Instrucción 2/2026 se halla en la preocupación de la Unión Europea por asegurar una inteligencia artificial fiable y centrada en el ser humano. El Reglamento (UE) 2024/1689 establece normas armonizadas que imponen obligaciones específicas a los sistemas de IA, clasificándolos según su nivel de riesgo para los derechos y libertades. En particular, los sistemas destinados a ser utilizados por autoridades judiciales para ayudar en la investigación e interpretación de hechos y leyes son catalogados de “alto riesgo”. Esta clasificación no es arbitraria; responde a la capacidad de estos sistemas de influir en decisiones que afectan a la libertad, el patrimonio y la integridad de las personas.
En el plano interno, la transformación digital de la Justicia española ha sido impulsada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que articula un marco para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este marco normativo introduce el principio de orientación al dato y la interoperabilidad de los sistemas, permitiendo el uso de técnicas de IA para fines jurisdiccionales y organizativos. No obstante, la singularidad de la función judicial exigía una norma específica que preservara la independencia del juez frente a posibles injerencias técnicas o políticas derivadas de la gestión de estos algoritmos.
La Instrucción 2/2026 se presenta así como un escudo institucional. Al designar al propio Consejo General del Poder Judicial —específicamente a su Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos— como autoridad de vigilancia del mercado respecto de los sistemas de IA utilizados en la administración de justicia, se evita que organismos externos dependientes del Poder Ejecutivo supervisen el núcleo de la actividad jurisdiccional. Esta decisión es coherente con el principio de separación de poderes y garantiza que cualquier auditoría algorítmica se realice bajo criterios estrictamente judiciales.
Instrumento Normativo
Ámbito de Aplicación y Función Principal en la Gobernanza de la IA
Envío gratuito
a partir de 30€(aplicable a Península y Baleares)
