El presidente de la Comisión de Empleo del Congreso: “El uso del dinero público ha de producir resultados”
11 de mayo de 2012La Reforma Laboral ha sido la encargada de abrir la primera jornada del Ciclo de Encuentros Parlamentarios, una iniciativa del Grupo Francis Lefebvre que tienen como objetivo profundizar en reformas legislativas de gran interés y actualidad jurídica de la mano de sus protagonistas y que en esta ocasión, ha recibido el apoyo de importantes despachos de abogados, empresas y magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
El presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, el diputado José Eugenio Azpiroz Villar, comenzó su intervención situando la reforma operada por el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, en un contexto de "crisis económica y recesión gravísima", y ha apuntado que en los albores de la reforma, España contaba con 5 millones trescientos mil y la mitad de los jóvenes no tenía acceso al empleo, lo que se traducía en un sistema "rígido" del mercado laboral y una "ineficacia de las políticas de empleo anteriores", con las graves repercusiones que esta situación conlleva.
En definitiva, "una situación muy complicada" -en palabras del diputado-, y donde esta medida hay que entroncarla en un conjunto global de reformas que tienen como objetivo reducir el déficit, controlar el techo del gasto y establecer la posible intervención de las administraciones que incumplan los objetivos de sostenibilidad financiera, así como dotar a las Administraciones Públicas de más de 30.000 millones de € a fin de que paguen sus compromisos con empresarios y autónomos evitando la actual morosidad, reforma educativa, reforma en financiación de los medicamentos y, especialmente, reforma del sistema bancario y financiero a fin de procurar a la mayor brevedad posible que circule el crédito en nuestra sociedad.
En este sentido, el presidente de la Mesa de Empleo del Congreso ha incardinado la reforma laboral y señalado como uno de los temas más importantes del texto las posibilidades de flexibilidad que se abren en el ámbito de las relaciones laborales, así como el descuelgue de convenios, una cláusula que establece nuevas reglas del mercado laboral que acerca la negociación colectiva a la empresa y le permite acoplar su dinámica de trabajo a las necesidades y realidad del mercado. Una medida que, en opinión de Azpiroz, no cree que tenga un acogimiento masivo en el conjunto de los empresarios como algunos aventuran, sino que será un valioso instrumento para los que realmente lo necesitan.
El diputado se refirió también al cambio en el sistema de bonificaciones a la Seguridad Social para favorecer la contratación, una redistribución que "no ataca a la igualdad de género y sí tienen una discriminación positiva para la mujer". Como ejemplo, citó las deducciones fiscales del nuevo contrato para emprendedores y pymes de menos de 50 trabajadores, que establece un plus si se emplea a una mujer, o el derecho a una bonificación en la cuota de hasta 3.000 euros para la empresa que contrate a jóvenes entre 16 y 30 años (3.600 si es trabajadora), más otras bonificaciones distintas para los mayores de 45 años, parados de larga duración.
Sobre esta reducción en las políticas activas emprendida por el Gobierno, Azpiroz destacó una intención por "reconducir nuestros esfuerzos a establecer políticas de resultados y ligarlas a criterios de eficacia", resaltó. "El uso de recursos públicos ha de traducirse en beneficios tangibles, y si no, el programa se reorienta, se adapta o se cierra; el dinero público, el dinero de todos, ha de producir resultados y estar vigilantes a la valía del sistema". Además, el presidente de la Comisión de Empleo se mostró partidario de una "formación para el empleo" que, impartida con criterios de calidad sirva para adaptarse, al igual que las titulaciones universitarias, a la demanda real de perfiles y puestos de trabajo que precisa nuestra sociedad y demanda nuestro mercado laboral.