Derecho Laboral

Vulnera el derecho fundamental a la intimidad la decisión empresarial de revisar diariamente los bolsos, bolsas, mochilas o similares de los trabajadores de una tienda al finalizar su jornada en una zona videovigilada.

Se considera no ajustado a derecho el despido colectivo de los trabajadores de limpieza de un ayuntamiento, basado en causas económicas al acreditarse una situación de insuficiencia presupuestaria entendida como desajuste entre los ingresos públicos y los gastos. Asimismo no procede que sea declarado nulo en base a la ausencia de buena fe o a la vulneración de la garantía de indemnidad.

La cesión de trabajadores por una ETT a una empresa usuaria con carácter permanente o para cubrir necesidades permanentes de mano de obra es ilegal y constituye falta muy grave.

A falta de representación legal de los trabajadores en la empresa están legitimados para negociar el plan de igualdad los sindicatos que tengan la consideración de más representativos en el sector a que pertenezca la actividad principal de la empresa.

Se reconoce como enfermedad causante de discapacidad el Lupus eritematoso sistémico, al considerarse que las personas que lo sufren se encuentran en una situación injusta, ya que esta dolencia incide de manera importante en la capacidad de quien la padece, y más si cabe si se tiene en cuenta que la sufren mayoritariamente las mujeres.

Por la persistencia de los efectos de la crisis sanitaria, se mantienen los expedientes por fuerza mayor, basados en las medidas específicas establecidas por el coronavirus, que hayan sido solicitados antes del 27-6-2020 y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020. Estas empresas y entidades deben proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, manteniéndose las obligaciones previstas en relación con las comunicaciones a la autoridad laboral de la renuncia a las medidas de suspensión o reducción de jornada. Se prohíbe la realización de horas extraordinarias, establecerse o reanudarse externalizaciones de la actividad, concertar nuevas contrataciones, sean directas o a través de ETT, durante la aplicación de estos expedientes de regulación temporal de empleo. Asimismo, se prorrogan hasta el 30 de septiembre, las medidas de protección del desempleo asociadas a los mismos y se establecen diferentes medidas exención del pago de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

Desde el 27-6-2020, los trabajadores de temporada que, como consecuencia de las especiales circunstancias que la pandemia ha provocado se han visto imposibilitados para el inicio o el desarrollo ordinario de su actividad, pueden ser beneficiarios de esta nueva prestación extraordinaria de cese de actividad con una duración máxima de 4 meses y por el importe del 70% de la base mínima de cotización.

Desde el 27-6-2020, se prevé la posibilidad de compatibilizar la prestación de cese de actividad prevista en la LGSS con el trabajo por cuenta propia hasta el 30-9-2020 de acuerdo con la siguiente regulación.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 los autónomos en alta en el RETA o en el RETM que estuvieran percibiendo a 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad tienen derecho a una exención progresivamente descendente en la obligación de cotizar a la Seguridad Social y formación profesional.

Se prorroga hasta el 30-9- 2020 la regulación sobre interrupción de la duración de los contratos temporales suspendidos como consecuencia del COVID-19 (RDL 9/2020 art.5).

Se incluye el contrato de los pescadores entre aquellos que deben observar la forma escrita.

Se prorroga hasta el 30-9-2020 la previsión de que, cuando por falta de medios adecuados o suficientes, la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector pueda asumir la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitir la correspondiente certificación para su tramitación (RDL 9/2020 art.4).