Subcontratación del reparto en plataformas digitales y cesión ilegal de trabajadores

Actualidad. Del 13 al 19 de octubre de 2026

Subcontratación del reparto en plataformas digitales y cesión ilegal de trabajadores

No existe cesión ilegal cuando la contratista dirige efectivamente el trabajo y mantiene las decisiones laborales esenciales sobre la plantilla. La cesión del uso del software de la plataforma, las previsiones de demanda, los estándares de calidad y la utilización de la marca no bastan por sí solos si la plataforma se limita a coordinar el servicio y a controlar su calidad y eficiencia.
MS n.º 1032
MCT n.º 1319 s.
MIT n.º 1763
MSAL-NOM n.º 4300

Una plataforma digital de pedidos ofrece a los restaurantes adheridos un servicio de reparto de comida a domicilio. Subcontrata esta actividad a una empresa especializada que aporta un coordinador, jefes de tráfico y repartidores, así como medios de gestión del servicio, y que opera con un software facilitado por la empresa contratante, cuyo uso paga mediante una licencia a la propia plataforma. La controversia sobre la autonomía de la contrata surge porque la ITSS aprecia cesión ilegal a partir del uso de esa herramienta digital de asignación de pedidos, del control de los estándares de tiempo y calidad y de la presencia de la marca en el servicio.

Para la Sala, la puesta a disposición propia de la cesión ilegal no concurre cuando la empresa de reparto no se limita a aportar mano de obra, sino que despliega una organización diferenciada y asume la ejecución del servicio con estructura propia. En el supuesto analizado, el reparto aparece como una actividad subcontratada autónoma respecto de la actividad principal de intermediación de la plataforma. La contratista mantiene mandos propios, organiza el servicio y soporta penalizaciones por incumplimientos de los tiempos, los niveles de servicio y el estado de los pedidos, lo que se interpreta como una asunción del riesgo empresarial. Además, no consta interlocución ni relación directa entre el personal de la plataforma y los repartidores en los términos propios del poder de dirección empresarial (ET art. 43).

La valoración de las herramientas digitales resulta decisiva. La sentencia otorga especial relevancia a que la plataforma no tiene acceso directo al software de gestión del reparto ni a la aplicación utilizada por los repartidores, y a que dicho acceso es técnicamente imposible. La contratista dispone de acceso propio, crea los usuarios individuales, utiliza la aplicación para gestionar el reparto y controlar a su plantilla, y puede reasignar pedidos a través de sus jefes de tráfico. La sublicencia del software, pese a tener un coste reducido de 100 euros al año, no se equipara al ejercicio del poder empresarial por la principal, porque el control operativo del reparto se canaliza a través de la contratista, mediante sus propios mandos.

Las previsiones semanales de horas necesarias, los tiempos medios de recogida y entrega, las cláusulas de calidad y la utilización de prendas y mochilas con el logotipo de la plataforma se reconducen a la coordinación del servicio y a la protección de la marca, no al ejercicio directo de facultades laborales sobre los repartidores. Lo mismo ocurre con el acceso de la plataforma a los datos del pedido, los tiempos y la conectividad mediante una herramienta analítica, que se vincula al control del resultado del servicio. Tampoco altera esa conclusión la gestión de incidencias, ya que las estrictamente ligadas al reparto las resuelven los mandos de la contratista y solo se trasladan a la plataforma las que afectan al restaurante o al usuario final.

La conservación de las facultades empresariales por la contratista termina de excluir la cesión ilegal. No consta intervención de la plataforma en la selección y contratación de repartidores y mandos, ni en los descansos, las vacaciones, los turnos o el régimen disciplinario. De ahí que lo relevante no sea que la principal fije estándares de servicio o ceda el uso de una tecnología necesaria para integrarse en su modelo de negocio, sino quién dirige efectivamente el trabajo y mantiene las decisiones laborales esenciales sobre la plantilla. En los hechos acreditados, la contratista no aparece como un mero suministrador de mano de obra, sino como una empresa que organiza y ejecuta el reparto con estructura propia.

TS 9-9-2026, EDJ 715937