Derecho Fiscal

La existencia de un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades competentes de un Estado a los efectos del CDI, no impide que concurriendo también en el contribuyente las circunstancias que determinan la condición de residente fiscal en España, por radicar aquí el núcleo de sus actividades e intereses económicos, se produzca un caso de conflicto de residencia, y que aplicados los criterios de desempate establecidos en el CDI correspondiente, resulte prevalente su residencia fiscal en España por radicar en nuestro país su centro de intereses vitales.

Aunque el gasto que se ocasione en la transmisión no es deducible, la plusvalía que se genera al valorar los terrenos a valor de mercado está exenta. Adicionalmente se genera derecho a la deducción por donaciones a entidades sin fines lucrativos.

Si se ha considerado inexistente la actividad económica de una sociedad y se han imputado sus rendimientos al socio persona física, el principio de íntegra regularización impone a la Administración competente para liquidar el IP que, si asume la anterior consideración para negar la exención de las participaciones en dicha sociedad, tenga también en consideración el impacto que aquello tiene en la valoración de las participaciones, como consecuencia de la variación del valor del patrimonio neto.

Los intereses indemnizatorios (en general) se integran en la base imponible general.

La DGT se pronuncia sobre las particularidades de la tributación de las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios, así como las implicaciones fiscales de las conocidas como hipotecas duales, es decir, en los que una parte del préstamo queda sujeto a interés fijo y otra parte a interés variable.

El establecimiento de tipos diferenciados de gravamen en el IBI, no exige que la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto en la que el ayuntamiento establezca tipos diferenciados fije expresamente el porcentaje de bienes inmuebles urbanos a los que se aplicará dicho tipo. La ordenanza únicamente debe señalar el umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados, y es en la fase de aplicación donde debe limitarse la aplicación del correspondiente tipo incrementado.

El interrogatorio de los directivos y empleados de una empresa en las dependencias de la misma, sin preaviso y durante un registro domiciliario judicialmente autorizado no vulnera la Const art.18, pero sí la Const art.24 atendiendo a las circunstancias concurrentes al caso.

Al estar ante un plazo de caducidad, la solicitud de devolución de las cuotas soportadas por un no establecido de forma extemporánea conlleva que su denegación sea conforme a derecho.

Dado que la prórroga en la presentación del Impuesto implica un aplazamiento del pago del mismo, sí se devengan intereses de demora por los días transcurridos desde la finalización del plazo de seis meses para presentar la declaración del Impuesto hasta la efectiva presentación de la declaración del ISD dentro del plazo prorrogado.

El TEAC unifica criterio en relación a cómo debe efectuarse el cálculo proporcional previsto en el RIRPF art.6.2 para las retribuciones no específicas del servicio prestado en el extranjero (aplicando un reparto proporcional teniendo en cuenta el número total de días del año) con las implicaciones que de ello se deriva en los casos de prestación personal inferior al año natural o en favor de distintos pagadores.

Una operación cuyo cobro se acuerda para un plazo superior al año se califica como operación a plazo, si se opta por ello, aunque posterior y sobrevenidamente se anticipe su vencimiento.

La aprobación de nuevas precintas fiscales de circulación de labores del tabaco determina la necesidad de modificar las instrucciones del modelo 464 de autoliquidación del precio público devengado por el suministro de tales precintas de circulación.