Derecho Fiscal

Se aprueba una reducción aplicable en la determinación del valor de determinados vehículos eléctricos e híbridos a efectos de este impuesto.

Se prorroga hasta el 30-6-2022 la aplicación del tipo reducido en el suministro eléctrico a ciertos consumidores.

Se aprueban tipos de gravamen reducidos aplicables a la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos.

Continúa aplicándose la reducción del tipo impositivo del impuesto del 0,5%, durante todo el segundo trimestre del 2022.

Con efectos desde el 31-3-2022 y ejercicios anteriores no prescritos, se declaran exentas del IRPF las cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del accidente del vuelo GWI9525, ocurrido el 24-3-2015, en concepto de responsabilidad civil, así como las ayudas voluntarias satisfechas a aquellos por la compañía aérea afectada o por una entidad vinculada a esta última.

Se aprueba el modelo de autoliquidación del IP correspondientes al período impositivo 2021, así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso.

Se aprueba el modelo 720, de declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, así como los diseños lógicos a los que deberían ajustarse los ficheros que se generen para la presentación de este modelo por medios electrónicos.

Se aprueba, para el periodo impositivo 2021, el modelo 109 de autoliquidación del IRPF, así como la forma, plazo y lugar de presentación e ingreso, y el modelo 109H de solicitud de devolución del IRPF de personas fallecidas.

Se aprueba para el ejercicio 2022 la relación de actividades que se declaran prioritarias en el ámbito de los fines de interés general.

Se introduce un nuevo supuesto de sujeción en el IIVTNU en relación a la transmisión de inmuebles en beneficios de personas huérfanas víctimas de la violencia de genero.

Para completar la distribución de competencias en materia de tabaco crudo y el régimen sancionador asociado, se modifica la norma sobre organización y atribuciones de funciones en el Área de Aduanas e Impuestos Especiales.

Uno de los requisitos básicos que la Administración ha de acreditar en el supuesto de derivación de responsabilidad es la determinación del cese de la actividad por parte de la entidad, al menos de manera aproximada y referido a un ejercicio económico.