Derecho Fiscal

La acreditación de la residencia fiscal no es uniforme para todos los supuestos, ya que para algunos se exige la aportación de una documentación específica y para otros se exige la aportación de un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales del Estado de residencia en el sentido del convenio, y es obligación del interesado aportar la documentación requerida para probar su residencia en ese otro Estado.

Con efectos, por primera vez, para las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2023, a presentar a partir de 2024, se adapta el modelo 345 al actual contenido de la LIRPF en materia de límites de reducción en la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.

Mediante resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se han modificado los modelos de presentación y depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil, tanto consolidadas (OM JUS/615/2022) como individuales (OM JUS/616/2022).

Con efectos 26-5-2023 se introduce la posibilidad de corregir las autoliquidaciones, independientemente de su resultado, mediante una autoliquidación rectificativa.

Se permite a los empresarios y profesionales que tengan la sede económica en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, acogerse al régimen especial de bienes importados sin tener que nombrar representante.

Para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo, se introduce una definición clara de inmuebles desocupados con carácter permanente. Además, se aprueba un incremento del recargo en función del tiempo de desocupación, y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

Con efectos a partir del 26-5-2023, las personas jurídicas o entidades deben comunicar a la Administración tributaria la identificación de los titulares reales de las mismas.

Como resultado de la trasposición al derecho interno de determinadas directivas que afectan, entre otras materias, a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC 7) y a las normas contra las prácticas de elusión fiscal, se introducen modificaciones en la LGT en relación con las obligaciones de información en el ámbito de la asistencia mutua y de los mecanismos transfronterizos de información financiera.

Con efectos a partir del 26-5-2023, se establece una nuevo supuesto en que se permite a la Administración tributaria la cesión o comunicación a terceros de datos, informes o antecedentes en su poder.

Con entrada en vigor 1-1-2023, se establece una nueva obligación de suministro de determinada información a la que estarán obligados los «operadores de plataforma obligados a comunicar información» respecto a la Administración tributaria española. Además, se recogen las directrices básicas de la obligación de información, así como de las normas y procedimientos de diligencia debida y registro. Asimismo, se regula el régimen sancionador concerniente a los diferentes ámbitos materiales relativos a la obligación, esto es, suministro de la información, diligencia debida y registro.

Se introducen diversas modificaciones en relación con los procedimientos amistosos, con lo que se completa la transposición de la Directiva relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.

Dejan de estar afectadas por la regla de utilización efectiva las operaciones financieras y de seguros realizadas entre empresarios y profesionales.