Derecho Laboral

Se prorroga hasta el 31-12-2024 la aplicación de las medidas extraordinarias de Seguridad Social para los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica de La Palma, consistentes en el establecimiento de unas prestaciones extraordinarias por cese de actividad para quienes cesaron en la actividad, o la hubieran suspendido temporalmente o se vieron afectadas sus actividades como consecuencia de los daños ocasionados por la erupción volcánica.

Aunque la regla general es que la responsabilidad corresponde a la entidad en la que está asegurada la contingencia cuando se produce el hecho causante, cuando se trata de enfermedad profesional, el hecho causante se gesta a lo largo del tiempo, por lo que la responsabilidad se imputa a todas las entidades para las que el empleado ha trabajado sucesivamente, en proporción al tiempo de exposición a dichos riesgos.

El RD 568/2024 crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública con el fin de ampliar la vigilancia a todos los aspectos de interés para la salud pública. Asimismo, se regula entre otros aspectos, el procedimiento y las funciones para designar los Laboratorios Nacionales de Referencia y se crea el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, formando parte de la Red.

Es válida la entrega de la copia de la carta de despido objetivo a los representantes de los trabajadores 4 días después de producirse el mismo, pues está dentro de un plazo prudencial que no afecta ni condiciona los derechos de los representantes, ni los de la propia persona despedida.

La utilización de la vida laboral aportada para participar en un proceso de selección y optar a un puesto indefinido con fines distintos, justificar un despido por falsificar el curriculum, vulnera el derecho fundamental a la protección de datos, por lo que deviene ineficaz para acreditar los hechos imputados, lo que determina no la nulidad del cese sino su improcedencia, máxime teniendo en cuenta la falta de diligencia de la empresa para comprobar la veracidad de la experiencia profesional recogida en el curriculum y la prescripción de la falta.

La declaración de fijeza como repuesta a las irregularidades en la contratación de funcionarios interinos no resulta adecuada por implicar una interpretación contra legem de nuestro derecho interno. Igualmente, tampoco el mantenimiento en el empleo hasta la convocatoria y resolución del proceso selectivo, ni la compensación económica tasada en favor únicamente del empleado público que no supere dichos procesos, se consideran medidas ni proporcionadas ni suficientemente efectivas y disuasorias.

A pesar de que en la tramitación del ERTE por fuerza mayor no se prevé la celebración de un periodo de consultas y no existe una comisión negociadora, la comisión de seguimiento de un ERTE por fuerza mayor no puede acordar la inaplicación o descuelgue del convenio colectivo aplicable. Tal inaplicación solo puede acordarla la comisión negociadora del convenio colectivo.

El acceso extraordinario a la prestación por desempleo en caso de suspensión de festejos taurinos a consecuencia del COVID-19 sólo se ha reconocido a los profesionales taurinos a partir del 6-11-2020 (día siguiente a la entrada en vigor del RDL 32/2020) y no desde el RDL 17/2020 como a los artistas en espectáculos públicos.

El infarto ocurrido en los vestuarios antes de fichar e iniciar la jornada de trabajo deriva de enfermedad común, ya que para aplicar la presunción de laboralidad el trabajador ha de estar en su puesto de trabajo, en el que se presume que ha comenzado a realizar algún tipo de actividad o esfuerzo.

El contrato por sustitución para cubrir la vacante dejada por una trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo por el ejercicio de los derechos de conciliación no puede prorrogarse para cubrir las vacaciones no disfrutadas de la persona sustituida. La no extinción del contrato cuando finaliza el derecho a la reserva de la plaza, coincidiendo con el inicio de las vacaciones, convierte el contrato en indefinido y el cese en despido improcedente.

El derecho a la desconexión digital implica tanto el derecho del trabajador a no responder a las comunicaciones del empresario o de terceros, como el deber la empresa de abstenerse de ponerse en contacto con el trabajador. Por otra parte, se vulnera el derecho a la protección de datos cuando no se informa al trabajador del tratamiento de sus datos personales.

El paciente que recibe asistencia médica en un centro sanitario privado, tras acudir previamente a un hospital público, tiene derecho al reintegro de los gastos sanitarios, siempre que se trate de supuestos de urgencia vital con necesidad inmediata de asistencia médica.