8 A raíz de presentarse denuncia por acoso contra una funcionaria por dos trabajadores, se pone en marcha, por el organismo donde prestan servicios, un procedimiento de investigación del que resultó una resolución donde se subraya la realización de conductas reiteradas de acoso y la necesidad de adopción de medidas para que dicha conducta no vuelva a repetirse.Si bien el Juzgado Contencioso-Administrativo anula la resolución por falta de pruebas, la Administración plantea la excepción de falta de jurisdicción que es desestimada tanto en instancia como en el TSJ.la cuestión a resolver por el TS es determinar el orden jurisdiccional competente para conocer de resoluciones administrativas en materia de acoso laboral cuando el agente actuante es funcionario y el sujeto pasivo puede ser personal laboral.El Tribunal Supremo, tras analizar la normativa aplicable en materia de competencia de jurisdicción establece que (LRJS art.2.e y f; LJCA art.1.1 y 3.1.a y LPRL art.2.1 y 3): La jurisdicción contencioso-administrativa debe resolver los recursos contra los actos administrativos adoptados en procedimientos cuyo objeto sea investigar o depurar la responsabilidad disciplinaria por conductas presuntas de acoso laboral cuando hayan sido cometidas por personal funcionario, todo ello con independencia de quien sea el presunto sujeto pasivo del acoso (TS cont-adm 30-10-24, EDJ 729685).Por el contrario, el orden jurisdiccional social es el competente para conocer la impugnación de resoluciones que establezcan medidas de prevención del acoso laboral que no sean disposiciones generales, o de actuaciones de las Administraciones Públicas que infrinjan esas medidas preventivas, o cuando se pretenda la exigencia de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de esas medidas (TS 11-10-18, EDJ 637406Rec 2605/15; 19-7-21, EDJ 646167Rec 2282/20).En el caso concreto, la resolución administrativa impugnada contenía tanto medidas preventivas como la constatación de indicios de acoso laboral y la posibilidad de iniciar actuaciones disciplinarias. El Tribunal Supremo considera que el objeto principal del recurso era la investigación y posible depuración de responsabilidad disciplinaria por acoso laboral, lo que sitúa el conocimiento del asunto en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por ello, se desestima el recurso de casación. TS cont-adm 24-4-25, EDJ 559926Rec 6952/22
23 diciembre 2025
En el ejercicio 2026 no se toman en consideración las pérdidas empresariales sufridas en los años 2020 y 2021 a los efectos de determinar la concurrencia de la causa legal de disolución de una sociedad por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social.
2 diciembre 2025
El empresario tiene una deuda de seguridad con los trabajadores que es incondicionada y, prácticamente, ilimitada, si bien no incurre en responsabilidad cuando el resultado lesivo se haya producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario, lo que debe acreditar. Hay que examinar los hechos probados para establecer si se dan los requisitos o no para declarar la responsabilidad civil empresarial por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo.
4 octubre 2022
Se crea el Comisionado especial para la Economía Social, con rango de Subsecretaria y dependiente de la Secretaria de Estado de Empleo y Economía Social cuyo objetivo es impulsar y coordinar todos los proyectos relativos al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).
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