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En el caso analizado, se discute si la ETT se emplea para necesidades temporales reales o si, por el contrario, se utiliza para cubrir de forma permanente la actividad normal del centro. Se trata de un almacén y centro logístico con 143 trabajadores fijos que mantiene durante años un uso muy intenso de personal de ETT para tareas de mozo de almacén.
La ITSS constata que la composición de la plantilla evidencia que no estamos ante un apoyo ocasional: en algunas secciones el personal cedido representa de forma habitual entre un 30% y un 45% de los efectivos. En 2022 se alcanza una media semanal de 71,43 contratos de puesta a disposición, y varios trabajadores encadenan contrataciones de pocos días durante centenares de jornadas, con un máximo de 1.398 días acumulados en la misma usuaria.
La cesión mediante ETT solo es válida en los mismos supuestos y con las mismas condiciones en que la usuaria podría contratar temporalmente por sí misma. Por ello, este mecanismo no puede utilizarse para alterar el régimen general de la contratación temporal, sino únicamente para trasladar la temporalidad del ámbito de contratación de la empresa usuaria a la ETT. Si se vulnera el régimen jurídico de la contratación temporal, la situación configura una cesión ilegal, al emplearse fraudulentamente el contrato de puesta a disposición.
En el litigio, los indicios de cobertura estructural son evidentes y se reiteran en el tiempo:
En conclusión, se confirma la sentencia recurrida, manteniendo la calificación de la conducta como infracción muy grave por cesión ilegal de trabajadores y la sanción administrativa de 180.000 euros (LISOS art. 8.2, 39.2 y 40.1.c).
La graduación de la sanción se fundamenta en la intensidad del uso abusivo de la ETT: la prolongación en el tiempo y el número elevado deafectados permiten apreciar una culpabilidad más intensa, porque no se trata de un episodio aislado, sino de una forma estable de organizar la plantilla. La cifra de negocios considerada corresponde a la sociedad sancionada en su conjunto, no al centro afectado, al carecer este de personalidad jurídica propia. El número de trabajadores afectados se mide en términos absolutos y no por porcentaje de plantilla; por ello, la afectación de más de 30 personas añade un plus de antijuridicidad. Asimismo, se valora el perjuicio causado por la precariedad derivada del encadenamiento de contratos de muy corta duración para una prestación continuada en la misma usuaria, sin necesidad de exigir un daño distinto del que produce esa utilización prolongada y fragmentada de la temporalidad.
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