Actúa en fraude de ley la sociedad que se constituye formalmente como cooperativa de trabajo asociado, pero en realidad funciona como una mera intermediaria en la cesión de trabajadores. En tal supuesto, la empresa principal ostenta la condición de verdadero empleador, existiendo una relación laboral directa entre esta y los socios cooperativistas.
MS nº 1760
MCT nº 359, 1228
MSS nº 1243
La TGSS inicia procedimiento de oficio planteando la cuestión relativa a determinar si la empresa principal es la verdadera empleadora de quienes prestan servicios en sus instalaciones bajo la condición formal de socios cooperativistas de la sociedad subcontratada. Considera que no concurren las notas de trabajo asociado (libre adhesión, baja voluntaria, realización efectiva de actividad empresarial con una estructura material de la que sean titulares y consecución de objetivos económicos decididos democráticamente).
El TS considera que la formalmente constituida como cooperativa, carece de medios y estructura para desarrollar una actividad económica propia:
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15 abril 2025
Con el fin de adaptarlo a la revisión del modelo organizativo de la Administración Penitenciaria se crean nuevas tipologías del complemento singular de puesto E5 reconocido en el IV CCol único para el personal de la AGE.
9 mayo 2023
Se suscribe un nuevo convenio sobre la base de la colaboración histórica existente pero adaptado a las actuales realidades legislativas y operativas. Contiene un anexo con criterios operativos de colaboración.
11 octubre 2022
En un supuesto excepcional se considera válida la prueba de videovigilancia de la que no fue advertida la empleada de hogar despedida por robo cuya autoría se acredita por esa vía. Se entiende que existe una justificación seria y la prueba era idónea, necesaria y proporcionada al instalarse de forma temporal enfocando únicamente al armario donde se ubicaba la caja fuerte. En este supuesto excepcional se permite que el empleador no informe de su existencia al empleado ni coloque el distintivo de protección de datos para proteger sus intereses privados. La Sala de lo Social del TS no entra a valorar otras consecuencias que la conducta empresarial puede tener desde la perspectiva más amplia de la legislación de protección de datos en su conjunto.
