Desarrollo reglamentario de la prestación por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave

3 noviembre 2026

Entre otras novedades, se amplía el reconocimiento inicial del subsidio a cuatro meses, con una primera prórroga de seis meses y sucesivas de ocho meses, se especifican las situaciones asimiladas al ingreso hospitalario, se flexibiliza la alternancia entre progenitores y se incorporan nuevas patologías.

Actualidad. Del 3 al 9 de noviembre de 2026

Desarrollo reglamentario de la prestación por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave

Entre otras novedades, se amplía el reconocimiento inicial del subsidio a cuatro meses, con una primera prórroga de seis meses y sucesivas de ocho meses; se especifican las situaciones asimiladas al ingreso hospitalario; se flexibiliza la alternancia entre progenitores y se incorporan nuevas patologías.
MS n.º 5031 s., 702
MCT n.º 5222
MPD n.º 4823
MSAL-NOM n.º 3285
MSS n.º 2845 s., 5452
MTT n.º 3905 s., 5585 s.
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Con vigencia a partir del 5-1-2027, se ha publicado el nuevo Reglamento de la prestación por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave. En los procedimientos y prestaciones que se encuentren en curso, a partir de su entrada en vigor, podrá acreditarse la existencia de ingresos hospitalarios o de situaciones asimiladas anteriores, siempre que no haya habido alta médica desde el diagnóstico y subsistan los demás requisitos.

No obstante, estos expedientes y prestaciones en curso quedan sometidos al nuevo régimen, conservando las actuaciones válidas y aplicando preferentemente las disposiciones más favorables. Asimismo, las referencias al listado y a la numeración de enfermedades graves se entenderán realizadas al nuevo listado de enfermedades (RD 957/2026, anexo).

Situación protegida

A las enfermedades graves se incorporan expresamente el trastorno del espectro autista, nivel 3 de apoyo, y el síndrome de neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.

Se elimina la exclusión del subsidio para quienes tengan una jornada parcial igual o inferior al 25 % de la jornada completa comparable. También se incluye la curatela como situación protegida, siempre que la resolución judicial atribuya al curador facultades de representación plenas y generales, incluidas las funciones de atención y cuidado de la persona enferma.

Frente a la regulación anterior, que vinculaba expresamente la protección al ingreso hospitalario de larga duración y consideraba equivalente la continuación del tratamiento o del cuidado en el domicilio, se establece una regulación específica de las situaciones asimiladas al ingreso hospitalario (RD 957/2026, art. 4), que incluye:
  • La hospitalización a domicilio.
  • Los tratamientos ambulatorios o continuados.
  • Los cuidados domiciliarios derivados de terapias especializadas y complejas.
  • Otros cuidados domiciliarios complejos que, por prescripción facultativa, deban ser directos, continuos y permanentes y no encajen en los supuestos anteriores.
La asimilación no opera automáticamente por el hecho de recibir tratamiento fuera del centro hospitalario. Además, se exige:
  • Que la situación requiera cuidado directo, continuo y permanente.
  • Que se acredite mediante declaración del facultativo de atención primaria o especializada del servicio público de salud, en modelo oficial (RD 957/2026, anexo II), en la que conste expresamente el carácter no hospitalario del tratamiento o de los cuidados prestados.
  • Que la ausencia de ingreso hospitalario no responda a una menor intensidad de los cuidados requeridos, sino a criterios clínicos, terapéuticos u organizativos del sistema sanitario.
En caso de recaída del cáncer o de la misma enfermedad grave, puede reconocerse de nuevo la prestación mediante una nueva declaración médica que acredite la necesidad de cuidado. Ya no se indica expresamente que sea innecesario otro ingreso hospitalario (RD 957/2026, art. 3.3).

La acreditación del padecimiento de la enfermedad y de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente debe realizarla el facultativo de atención primaria o especializada del servicio público de salud responsable de la asistencia (RD 957/2026, art. 6.1). Esta declaración también se exige en los casos de asistencia médica privada.

Finalmente, se declara la incompatibilidad de la prestación con las actividades de la persona causante que determinen su inclusión en la Seguridad Social, en alta o situación asimilada, excepto en el caso de las prácticas formativas comprendidas en la LGSS, disposición adicional 52.ª, siempre que subsista y se acredite la necesidad de cuidado (RD 957/2026, art. 4.3).

Beneficiarios

Respecto a los beneficiarios, se incluyen las siguientes novedades (RD 957/2026, arts. 7 y 8):
  • Se considera cumplido el requisito de afiliación y alta de la persona no beneficiaria de la prestación cuando perciba una pensión contributiva de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad.
  • El período mínimo de alternancia acordado entre las partes se reduce de un mes a 15 días.
  • En los supuestos de nulidad, separación, divorcio, extinción de pareja de hecho o violencia de género, se mantiene el reconocimiento de la prestación a la persona cuidadora que conviva con la causante. La convivencia podrá acreditarse mediante empadronamiento o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. En los supuestos de custodia compartida tras la ruptura, la percepción alterna se ajustará al régimen de convivencia acreditado, sustituyendo así la anterior previsión reglamentaria que, a falta de acuerdo y de previsión judicial expresa, otorgaba prioridad a quien la solicitara primero.
  • El derecho de quien no perciba la prestación durante cada turno queda suspendido y se reanuda cuando le corresponda, conforme al acuerdo o al régimen de convivencia.
  • Se incorpora al desarrollo reglamentario la posibilidad, ya prevista, de conceder la prestación a ambos cuidadores cuando cada uno atienda a una persona causante distinta y reúna individualmente los requisitos exigidos. En este supuesto, tras la ruptura familiar, cada beneficiario debe convivir, de forma exclusiva o compartida, con una persona causante diferente. Su prestación queda vinculada únicamente a ese cuidado, sin que resulte aplicable la alternancia prevista para el cuidado de una misma persona.
  • Se mantienen los períodos mínimos de cotización exigidos, determinados por la edad de la persona trabajadora al inicio de la reducción de jornada, así como la posibilidad de acreditarlos mediante cotizaciones recientes o acumuladas durante la vida laboral. Se suprime la regla especial que ampliaba proporcionalmente el período de referencia para las personas trabajadoras a tiempo parcial.
  • En relación con el mantenimiento de los requisitos (RD 957/2026, art. 16), las personas beneficiarias deben comunicar cualquier circunstancia que afecte a la prestación en el plazo de 30 días. La comunicación comprende la modificación, la suspensión y la extinción de la prestación. La entidad gestora o la mutua puede comprobar en cualquier momento los requisitos distintos de la necesidad de cuidado. Cuando de las actuaciones de comprobación resulte un posible incumplimiento de los requisitos necesarios para mantener el derecho, debe concederse audiencia y resolverse sobre su mantenimiento, modificación, suspensión o extinción.
Las personas beneficiarias deben comunicar cualquier circunstancia que modifique, suspenda o extinga la prestación en el plazo de 30 días.

Prestación

La cuantía de la prestación se mantiene sin cambios relevantes (RD 957/2026, art. 11):
  • La prestación económica es un subsidio proporcional al porcentaje de reducción de la jornada de trabajo, referido a la jornada de una persona trabajadora a tiempo completo comparable y sin tener en cuenta otras reducciones de jornada. En el caso de las personas trabajadoras por cuenta propia y asimiladas, se refiere a una jornada de 40 horas semanales.
  • En caso de disfrute simultáneo por ambas personas progenitoras, la prestación equivaldrá al 50 % de la base reguladora, en lugar del 100 %.
  • La base reguladora podrá modificarse o actualizarse: para las personas trabajadoras por cuenta ajena, cuando se modifiquen las bases de cotización por variaciones legales; para las personas trabajadoras por cuenta propia, las bases de cotización provisionales se considerarán definitivas, aunque podrán actualizarse voluntariamente.
Se modifica la duración de la prestación, que, a partir del 5-1-2027, será la siguiente (RD 957/2026, art. 12):
  • Duración inicial: cuatro meses.
  • Prórrogas sucesivas: deben solicitarse tres meses antes de finalizar la prestación. La primera será de seis meses y las sucesivas, de ocho meses, siempre que subsista la necesidad de cuidado de la persona causante, acreditada mediante declaración facultativa. Transcurridos los primeros 24 meses y, desde entonces, cada dos años, la solicitud de prórroga deberá acompañarse de un informe vinculante de la Inspección Médica del SPS, emitido en el plazo máximo de 30 días. En caso contrario, la prestación se prorrogará provisionalmente por un plazo máximo de ocho meses.
Cuando el informe vinculante de la Inspección Médica no acredite la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente, se iniciará un expediente de extinción. Se concederá un plazo de 10 días de audiencia y una nueva audiencia si cambian los fundamentos o los datos esenciales del informe y este continúa siendo desfavorable. Finalizada la instrucción, deberá resolverse y notificarse en el plazo de 30 días. Contra esta resolución cabrá reclamación previa.

En relación con las prestaciones en curso, el informe de la Inspección Médica se exigirá a partir de los dos años desde la última prórroga reconocida.

Se mantiene el régimen de suspensión de la prestación y se añaden las siguientes causas de extinción (RD 957/2026, art. 15):
  • La realización por la persona beneficiaria de trabajos por cuenta propia o ajena distintos de los que se hayan tenido en cuenta para la reducción de jornada.
  • La realización por la persona causante de actividades que den lugar a su inclusión en la Seguridad Social, en alta o situación asimilada, salvo las prácticas formativas.
  • El cese de las circunstancias requeridas.
  • El matrimonio o la constitución de pareja de hecho de la persona causante, sin perjuicio de que la prestación pueda reconocerse al cónyuge o a la pareja de hecho si cumple los requisitos.

Procedimiento y gestión

En el procedimiento para el reconocimiento del derecho se incluyen las siguientes novedades (RD 957/2026, arts. 18 y 19):
  • Se explicita la presentación electrónica o presencial, tanto de las solicitudes iniciales como de las solicitudes de prórroga.
  • Debe identificarse que ambas personas solicitan simultáneamente la prestación y deben facilitarse sus datos.
  • La regulación se adapta al ingreso hospitalario o a la situación asimilada, frente a la referencia anterior al ingreso de larga duración y al tratamiento continuado.
  • En relación con la situación familiar, se detallan los documentos relativos a la pareja de hecho, la ruptura, la curatela y la convivencia. Para acreditar la pareja de hecho, se dispensa la inscripción o el documento público cuando existen hijos comunes.
  • Se incorpora el acuerdo para la alternancia por períodos no inferiores a 15 días, frente al mínimo anterior de un mes.
  • En caso de incapacidad del otro progenitor, se exige, en el supuesto correspondiente, acreditar su pensión de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad.
  • El certificado de bases de cotización pasa del mes previo al mes inmediatamente anterior al mes previo al inicio de la reducción. Como novedad, se prevé que, si no se reúnen los requisitos exigidos o no se acompaña la documentación correspondiente, se requiera la subsanación de la falta o la aportación de los documentos correspondientes.
En relación con el pago de la prestación, se regulan los supuestos de alternancia tras la nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho, atendiendo al período acordado o al régimen de convivencia acreditado. Además, se regula expresamente la transmisión de información y antecedentes entre entidades cuando cambia la cobertura, limitada a lo estrictamente necesario, sin consentimiento previo y con garantías de confidencialidad y protección de datos.

RD 957/2026, BOE 5-11-2026.
RD 1148/2011, derogado.
RD 957/2026, BOE 5-11-2026.

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