Carga probatoria en la calificación del despido de trabajadora víctima de violencia de género

27 octubre 2026

Actualidad: 27 de octubre a 2 de noviembre de 2026

Carga probatoria en la calificación del despido de una trabajadora víctima de violencia de género

La condición de víctima de violencia de género no basta por sí sola para desplazar la carga probatoria ni para considerar nulo el despido por discriminación. Para que se produzca la inversión de la carga de la prueba, es necesario, además del conocimiento empresarial, que concurran circunstancias concomitantes y próximas que permitan presumir una reacción empresarial frente a dicha situación y atribuir al despido una motivación discriminatoria.
MS n.º 9875
MDE n.º 8045
MSAL-NOM n.º 8170
MPL n.º 3313
La cuestión litigiosa consiste en determinar si el despido de una trabajadora víctima de violencia de género debe considerarse nulo y si esta condición es suficiente para que se produzca la inversión de la carga de la prueba.
Se trata de una trabajadora que, poco después de interponer una denuncia por violencia de género, de la que tenía conocimiento el administrador de la empresa, y de haber permanecido varios días en situación de incapacidad temporal derivada de dicha situación, fue despedida por la empresa, que alegó una disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo. En instancia, el despido fue calificado de improcedente, y la trabajadora recurrió en casación para la unificación de doctrina solicitando su nulidad. La Sala casa y anula la sentencia recurrida con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, debe distinguirse la nulidad objetiva que opera respecto de las trabajadoras víctimas de violencia de género cuando el despido se conecta con el ejercicio de la tutela judicial efectiva o de los derechos laborales y asistenciales reconocidos para hacer efectiva su protección (ET art. 55.5.a, b y c), de la nulidad por discriminación (ET art. 55.5.1.º). En este caso, rige la carga indiciaria propia de la tutela de los derechos fundamentales: la trabajadora debe aportar indicios de que se ha producido una vulneración del derecho fundamental y, desde ese momento, la empresa debe justificar las medidas adoptadas (LRJS art. 181.2). Es decir, no basta con alegar discriminación; la trabajadora debe aportar indicios de mínima consistencia que permitan presumir una conexión entre la decisión extintiva y un móvil ilícito. La mera condición de víctima no determina por sí misma la nulidad automática del despido ni justifica invertir sin más la carga probatoria (ET art. 55.5; LRJS art. 181.2).
En segundo lugar, existe base suficiente para desplazar la carga de la prueba a la empresa por la concurrencia de un panorama indiciario compuesto por el conocimiento empresarial de la situación de violencia de género, la baja inmediatamente posterior a la denuncia, la implicación del administrador en el proceso penal como testigo y la cercanía temporal del despido, sin que la empresa ofrezca una causa real que explique la extinción.
Las circunstancias concomitantes no actúan como causas autónomas de tutela. La baja médica se considera un elemento contextual que puede hacer visible para la empresa la medida en que afecta a la trabajadora la situación sufrida. Asimismo, la citación del administrador como testigo revela un grado de conocimiento e implicación empresarial que refuerza la sospecha de que la extinción de la relación laboral obedece a la percepción de futuras molestias o complicaciones.
Por último, la proximidad y secuencia temporal de los hechos —la baja se produce en febrero, la declaración testifical del administrador tiene lugar a comienzos de abril y el despido se produce una semana después— impiden reducirlos a meras conjeturas y obligan a la empresa a justificar de forma objetiva y razonable la medida adoptada (LRJS art. 181.2). Esta justificación falta por completo. La causa invocada por la empresa queda como una causa aparente, porque no existe una actividad probatoria mínima que la conecte con la prestación laboral. En consecuencia, cuando la condición de víctima de violencia de género es conocida por la empresa y concurre con hechos adicionales que permiten presumir una reacción empresarial frente a dicha situación, la ausencia de una explicación alternativa suficientemente probada determina que el despido sea calificado como nulo.
TS 29-9-2026, rec. 2681/2025
EDJ 730891

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