Derecho Fiscal

El TS fija como doctrina que la carga de la prueba del abuso en relación con la exención de beneficios distribuidos por filiales españolas corresponde a la Administración, pues si la autoridad fiscal del Estado de la fuente se propone denegar la exención a una sociedad que ha satisfecho dividendos a una sociedad residente en otro Estado, basándose en la existencia de una práctica abusiva, le corresponde demostrar que concurren los elementos constitutivos de tal práctica, teniendo en cuenta las circunstancias pertinentes, en particular, el hecho de que la sociedad a la que se pagaron los dividendos no era el beneficiario efectivo de estos.

Se recoge un único porcentaje aplicable a la cuota tributaria, desapareciendo el régimen anterior de bonificación progresiva.

Existe hecho imponible del impuesto, aunque el suministro del bien se haya producido de forma involuntaria por la entidad, y como consecuencia de un comportamiento ilegal por parte del consumidor. Este suministro constituye actividad económica, ya que es un riesgo inherente a su actividad. En el caso de que esta actividad sea realizada por una entidad de derecho público, el carácter de insignificante del mismo debe ser probado.

Los pagos y embargos practicados con posterioridad a la declaración de responsabilidad pueden minorar el importe de la deuda derivada pero sin afectar a la validez del acuerdo de derivación.

En caso de guarda y custodia compartida de los hijos tras una sentencia de nulidad, separación o divorcio, el derecho a la aplicación del mínimo por descendientes corresponde a ambos progenitores por partes iguales, con independencia del tiempo concreto de convivencia de los hijos con uno u otro.

No es posible trasladar a los ejercicios comprobados los importes pendientes de ejercicios anteriores que ya hayan sido aplicados por la entidad en ejercicios posteriores a los comprobados, aunque estos últimos estén incluidos en el alcance de las actuaciones inspectoras.

El régimen especial previsto para las agencias de viajes, se aplica también a las operaciones que meramente consisten en adquirir y revender pernoctaciones. El hecho de que se presten o no servicios adicionales es irrelevante a efectos de su calificación.

Constituye una actividad económica que debe tributar en el IAE, la prestación a un tercero del servicio de compraventa o de minado de criptomonedas. Por el contrario, no constituye actividad económica la compraventa de criptomonedas para uno mismo, por lo que no hay que tributar en el IAE por la misma.

El Tribunal Supremo establece como jurisprudencia que el cómputo del plazo de prescripción para exigir la obligación del pago a los responsables solidarios no puede ser interrumpido por actuaciones realizadas frente al deudor principal o frente al obligado respecto de cuyas deudas se deriva la responsabilidad, salvo en aquellos casos en que la interrupción se dirija a quien previamente ha sido declarado responsable.

Con efectos 31-8-2023, y con el fin de garantizar la correcta exacción del impuesto por todas las Administraciones implicadas, se retrasa la entrada en vigor al 1-1-2024 del nuevo modelo de autoliquidación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (modelo 604), aplicándose por primera vez a las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras correspondientes a los períodos de liquidación que se inicien a partir del 1-1-2024.

La DGT se pronuncia sobre la aplicación de la deducción cuando solo se realiza la actividad de exhibición y en aquellos casos en los que un contribuyente financia varios espectáculos de distintos productores.

El TEAC recuerda que la normativa española establece supuestos en los que se exige un certificado de residencia simple, en el que se acredita únicamente la residencia fiscal en un país, y supuestos en los que se requiere que dicho certificado sea cualificado, esto es, que el residente lo es a efectos del Convenio.