Derecho Fiscal

Se entiende cumplido el requisito de mantenimiento de la inversión exigido para la aplicación de la reducción en el ISD prevista por la adquisición de participaciones en entidades en las futuras operaciones de reducción de capital que se realicen por la devolución de inmuebles al patrimonio de los herederos.

Los órganos administrativos o judiciales nacionales no pueden enjuiciar ni prescindir del contenido de un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales de un país que ha suscrito con España un Convenio de Doble Imposición, cuando dicho certificado se ha extendido a los efectos del Convenio. En caso de conflicto por doble residencia, debe acudirse a las reglas de desempate previstas en el propio Convenio, las cuales deben ser interpretadas de manera autónoma, con independencia de las normas internas que alberguen conceptos similares.

Los vehículos al fin de su vida útil vendidos para la extracción de sus piezas para ser revendidas, sin que esas piezas hayan sido extraídas previamente, puede ser considerados como bienes de segunda mano. Siempre que esas piezas conserven sus funcionalidades de forma directa o mediante una reparación, el contribuyente puede aplicar el régimen especial del margen de beneficio.

La calificación jurídica de la operación por la cual se adjudica un inmueble con asunción de deuda garantizada con hipoteca le corresponde a la Administración tributaria, constituyendo un negocio jurídico oneroso con contraprestación a efectos de la determinación de su tributación.

Las liquidaciones provisionales o definitivas por el IIVTNU que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia del TCo 182/2021 (26-10-2021), no pueden ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma, al igual que tampoco puede solicitarse con ese fundamento la rectificación, ex LGT art.120.3, de autoliquidaciones respecto a las que aún no se hayan formulado tal solicitud al tiempo de dictarse la citada sentencia.

Con efectos desde el 23-8-2023, se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos en este territorio y se deroga el D Asturias 80/2019, por el que se establecía la anterior estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda.

Al responsable se le deriva la responsabilidad de pago de una deuda, frente a la cual, y desde el mismo instante en que se le traslada, se le abre la oportunidad, no sólo de efectuar el pago en período voluntario, sino también de reaccionar frente a la propia derivación de responsabilidad, así como frente a la deuda cuya responsabilidad de pago se le exige.

Al igual que para los contribuyentes del IS, el Tribunal Supremo ha aceptado la deducibilidad de los intereses de demora para los contribuyentes del IRPF que desarrollen una actividad económica, tanto los procedentes de la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación de rentas relativas al desarrollo de la actividad como los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado. Al tener la naturaleza jurídica de gastos financieros, se someten a los límites de deducibilidad de la LIS art.16.

Cuando por diferencias en la valoración se regulariza el IS de una sociedad con resultado a devolver, y el IRPF de su socio, imputándole las rentas que fueron declaradas por la sociedad vinculada, la base de cálculo de la sanción tributaria por dejar de ingresar deuda tributaria es la cuantía no ingresada en la autoliquidación de la persona física como consecuencia de la comisión de la infracción.

Las zonas francas son partes del territorio de un país, donde las autoridades competentes autorizan el desarrollo de ciertas actividades que disfrutan de beneficios tributarios por el hecho de que no se consideran realizadas dentro del territorio aduanero de ese país. En este sentido, aun cuando a efectos aduaneros las zonas francas puedan no considerarse como territorio del país en cuestión, sí que son partes de dicho territorio, por lo que sería de aplicación el CDI en cuestión.

Se establece la obligatoriedad de presentación del modelo 05 a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

Se aprueban el modelo 172 de declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales y el modelo 173 de declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.