Derecho de separación: control judicial del nombramiento registral de experto independiente

1 octubre 2026

Actualidad Sociedades Mercantiles. Octubre 2026

Derecho de separación: control judicial del nombramiento registral de experto independiente

Las controversias sobre la existencia del derecho de separación y su ejercicio se resuelven en sede judicial, y no registral, de manera que el registrador no puede resolver la solicitud de nombramiento de experto mientras esté en marcha un proceso judicial. Ahora bien, en ausencia de dicho proceso, el registrador debe nombrar un experto para valorar las participaciones si concurren los presupuestos para el nombramiento, sin que su resolución tenga efectos de cosa juzgada. Por tanto, el nombramiento registral decae si, posteriormente, los tribunales, tras el correspondiente proceso declarativo, declaran la inexistencia del derecho de separación o que su ejercicio fue abusivo.
MSM nº 8755.1. MSL nº 1990.1. 14.
Un socio minoritario ejerce su derecho de separación tras el acuerdo de la sociedad de escindirse (causa estatutaria de separación) y solicita al registrador mercantil que designe un experto independiente para valorar sus participaciones sociales (LSC art. 353). En el expediente registral, y pese a la oposición de la sociedad, que niega que el socio tenga derecho a separarse, el registrador nombra un experto, decisión que es confirmada por la DGSJFP.
La sociedad impugna judicialmente la resolución de la DGSJFP, pero la impugnación es desestimada en las sucesivas instancias judiciales y, en último término, por el Tribunal Supremo, que, invocando su sentencia de 31-10-25, confirma el nombramiento con los siguientes argumentos sobre el alcance del control judicial del nombramiento registral de experto:
  • 1.º En caso de que el socio solicite al registrador el nombramiento de un experto en ejercicio de su derecho de separación, la competencia del registrador se limita a comprobar, desde una aproximación formal, que no existen causas impeditivas del nombramiento, sin que le corresponda analizar la validez de la junta ni la concurrencia de los presupuestos del derecho de separación. Esto no impide que, al constatar la concurrencia de dichos presupuestos para el nombramiento, el registrador pueda tener que analizar la existencia real del derecho de separación invocado y su adecuado ejercicio, pero este examen es puramente formal e instrumental.
  • 2.º Una vez nombrado el experto por el registrador, el objeto del procedimiento judicial contra su decisión —o contra la resolución confirmatoria de la DGSJFP— se limita exclusivamente a determinar si el registrador actuó correctamente al designarlo, sin que en este proceso judicial puedan examinarse los presupuestos del derecho de separación ni su ejercicio.
  • 3.º Cuando, ante la solicitud de un socio de separarse, la sociedad considera que no tiene derecho a separarse, el cauce para plantear esta discrepancia no es el expediente registral de nombramiento de experto. La sociedad deberá plantear ante la autoridad judicial —o, en su caso, arbitral—, en el procedimiento declarativo correspondiente, la inexistencia del derecho de separación o su ejercicio abusivo.
TS 3-7-26, EDJ 646119

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