Se presenta para su inscripción en el Registro Mercantil una escritura de elevación a público de acuerdos sociales el 31-3-2025. El documento es calificado negativamente por encontrarse la hoja de la sociedad cerrada como consecuencia de la falta de depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2023.
La sociedad alega que presentó las cuentas el 5-9-2024, antes del asiento de presentación de los acuerdos sociales, y que, por tanto, no debía aplicarse el cierre. Sin embargo, las cuentas fueron objeto de calificación negativa el 25-10-2024 y no se subsanaron en el plazo de cinco meses previsto en el RRM art.43, por lo que el asiento fue cancelado el 6-2-2025.
La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de calificación, al entender que el cierre registral estaba justificado legalmente por falta de depósito, dado que el intento previo había sido calificado negativamente sin posterior subsanación.
El cierre registral tiene carácter automático, legal y objetivo: opera ex lege mientras no se hayan depositado las cuentas anuales debidamente aprobadas.
No puede confundirse el hecho de la presentación de un documento en el Registro con el hecho de su debida inscripción o depósito.
La simple presentación de las cuentas no basta para evitar el cierre registral si el depósito es calificado negativamente y no subsanado en plazo, produciéndose la caducidad del asiento de presentación.DGSJFP Resol 29-7-25 EDD 2025/723496, BOE 24-10-25
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4 junio 2024
Falsear una factura para justificar un gasto mayor del que realmente tuvo lugar por los servicios contratados, sin obtener por ello beneficio personal alguno, no justifica el despido cuando se realiza siguiendo instrucciones de un superior jerárquico, sin que la falta de comunicación de tal hecho a otras instancias pueda interpretarse como connivencia.
1 octubre 2025
Aplicación de la excepción recogida en Ley de Enjuiciamiento Civil (art.413.1) para tener en consideración hechos posteriores a la demanda que privan de interés legítimo a una parte, como la caducidad sobrevenida de una marca opositora en procedimientos de propiedad industrial, adaptando la interpretación del principio de perpetuatio iurisdictionis a situaciones concretas que afectan a la legitimación y al objeto del proceso.
1 octubre 2025
En un proceso en el que se desestima la acción de responsabilidad por deudas contra el administrador, debido a que el demandante no acreditó que la deuda reclamada fuera posterior a la causa de disolución, se condena sin embargo al administrador al pago de dicha deuda con fundamento en la acción de responsabilidad por daños acumulada en la demanda, debido a que quedó acreditado mediante indicios (cierre de hecho, impago generalizado de deudas, falta de depósito de cuentas, ejecución judicial infructuosa contra la sociedad) que, estando la sociedad en causa de disolución en una fecha posterior al nacimiento de la deuda, el administrador incumplió su deber legal de promover una liquidación social ordenada, sin que se sepa el destino que dio a los activos sociales con los cuales se podía haber pagado, al menos en parte, la deuda reclamada.
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