23 diciembre 2025
Tipo aplicable en función de la comunicación del código | Actualización diciembre 2025
Se establece el tipo de cotización correspondiente en función de la fecha de comunicación a la TGSS del nuevo código CNAE-2025.
Fiscalidad de la indemnización por despido de alto directivo que también es consejero
Actualidad: 26 de agosto a 1 de septiembre de 2025
Fiscalidad de la indemnización por despido de alto directivo que también es consejeroEn los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario, cuando el alto directivo también forma parte del órgano de administración de la sociedad, es aplicable la doctrina jurisprudencial que entiende que existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de 6 mensualidades y, por tanto, esa cuantía de la indemnización está exenta de tributación en el IRPF. Igualmente, es posible aplicar la reducción por rendimientos irregulares.
- MS nº 406
- MCT nº 7850
- MSAL-NOM nº 6004
2TS cont-adm 24-6-25, EDJ 618378
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Cómputo del plazo para la impugnación de sanciones disciplinarias
El dies a quo para el ejercicio de una acción para impugnar una sanción de suspensión de empleo y sueldo se fija desde el momento en que la acción puede ejercitarse, que es aquel en que se comunica al trabajador la sanción, no desde la fecha de efectos como sucede en los casos de despido, por lo que resulta irrelevante que en la comunicación no conste la fecha en que se va a iniciar la ejecución de la sanción.
26 julio 2022
Efectividad de la norma española sobre responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del Derecho de la UE
Vulnera el principio de efectividad que la normativa española supedite la efectiva responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de la normativa de la UE a ciertos requisitos. En concreto, que tenga que haber una sentencia del TJUE que declare la norma nacional con rango de ley aplicada contraria a Derecho de la UE y que esta sentencia marque la prescripción y el período de 5 años indemnizable. También es contrario al Derecho de la UE que se obligue a obtener sentencia firme contra la Administración, sin prever casos en los que no existe una actuación administrativa impugnable y el daño deriva de un acto u omisión del legislador.