6 enero 2026
Convenios colectivos publicados en el BOE del día 6-1-26 al día 12-1-26
Convenios colectivos
Se actualizan para 2025 las cuantías del baremo de daños y perjuicios causados a personas en accidentes de circulación, que son tenidas en cuenta para valorar los daños por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
1Se han incrementado en un 2,8% respecto de su importe al 31-12-2024, que es el incremento de las pensiones en 2025, equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del IPC de los 12 meses previos. Están disponibles en el sitio web de la DGSFP: http://www.dgsfp.mineco.gob.es/.DGSFP Resol 12-3-25EDL 2025/4779, BOE 24-3-25
Formato Online
Un análisis práctico ante la gran demanda de información por parte de los empresarios y asesores laborales por la elevada actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; entre otros temas te permitirá prevenir posibles sanciones o preparar tu actuación en los procedimientos de Inspección.
Precio
100 €
6 enero 2026
Convenios colectivos
30 julio 2024
El procedimiento de conflicto colectivo no es adecuado para resolver la pretensión de que se compute como tiempo de trabajo el periodo de desplazamiento desde el domicilio del trabajador al primer cliente y el de retorno al domicilio desde el último cliente, cuando la cuestión está regulada por diferentes pactos en los centros de trabajo con previsiones divergentes. Por otro lado, el TS aclara que no es siempre aplicable la consideración de estos desplazamientos como tiempo de trabajo, sino que depende de las circunstancias concurrentes y de la normativa aplicable.
12 abril 2022
La mera presencia del domicilio social de una empresa en un Estado miembro no es criterio suficiente para identificar su sede a los efectos de determinar la ley nacional de Seguridad Social aplicable a un trabajador que desempeña su actividad normalmente en dos o más Estados miembros, pues se han de tener en cuenta una serie de factores que el Tribunal apunta. Por otro lado, se clarifica que la Institución del Estado de residencia cuando determine provisionalmente esa ley aplicable debe informar a las instituciones nacionales involucradas y designadas como competentes, sin que baste con que le llegue la información a través del trabajador o la empresa involucrada. Aunque esa decisión provisional haya adquirido firmeza cabe la impugnación por una institución involucrada, pudiendo dar lugar a una anulación retroactiva.