1 noviembre 2025
Galicia. Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático
Modificación en la estructura y funciones de órganos dependientes de la Consellería de Medio ambiente y Cambio Climático
Una persona propietaria de un inmueble realizó obras sin licencia, fue requerida para legalizarlas dentro del plazo legal, no cumplió con dicho requerimiento y posteriormente se ordenó el derribo de las obras por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Surge la duda de si es conforme a derecho la orden administrativa de derribo de obras realizadas sin licencia cuando la solicitud de legalización se presenta fuera del plazo establecido.El Tribunal considera conforme a derecho la actuación administrativa que ordena el derribo de las obras por no haberse solicitado la licencia dentro del plazo legal, confirmándose la sentencia de instancia y desestimándose el recurso de apelación.
La Ley de urbanismo de Cataluña establece el procedimiento para la protección de la legalidad urbanística, el requerimiento para solicitar la licencia en un plazo de 2 meses y la orden de derribo en caso de incumplimiento (LUC art.205 y 206), así como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que limita la revisión en apelación a los motivos expresamente alegados y respeta la valoración probatoria del juez de instancia.TSJ Cataluña 10-10-25, EDJ 735618
Te ofrece soluciones concretas sobre todas las materias relacionadas con el urbanismo y la ordenación del territorio. Analiza toda la normativa aplicable en esta materia, estatal y de cada Comunidad Autónoma, estructurada, clarificada y totalmente actualizada.
Precio
136 €
1 noviembre 2025
Modificación en la estructura y funciones de órganos dependientes de la Consellería de Medio ambiente y Cambio Climático
1 noviembre 2025
El Decreto regula el programa 'Alquilámoste', que incentiva la cesión de viviendas vacías de titularidad privada a la administración autonómica, garantizando un canon mensual y la devolución del inmueble en buen estado, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas en alquiler y facilitar el acceso a personas con ingresos limitados
1 octubre 2025
El Tribunal Supremo fija doctrina estableciendo que, una vez firme una resolución administrativa restrictiva de derechos, no es posible cuestionar su legalidad ni alegar prescripción o caducidad con motivo de la impugnación de resoluciones de ejecución forzosa derivadas de aquella; en consecuencia, solo pueden impugnarse los aspectos propios de la ejecución.
Recibe los posts más recientes en tu email