Castilla-La Mancha. Movilización de suelo, impulso de vivienda protegida y simplificación urbanística
1 octubre 2026
Actualidad urbanística. Octubre de 2026
Castilla-La Mancha. Movilización de suelo, impulso de la vivienda protegida y simplificación urbanística
La reforma impulsa la vivienda protegida y social, crea los Planes de Rehabilitación Urbana, facilita la movilización de suelo en zonas con despoblación, permite la construcción de vivienda protegida en parcelas terciarias o dotacionales privadas, flexibiliza la edificabilidad, la densidad y la altura, y agiliza los trámites. MU n.º 2330, 2571 y 9976 32 Con efectos desde el 18-11-2026, se modifica la siguiente normativa: el DLeg Castilla-La Mancha 1/2023, el D Castilla-La Mancha 248/2004 y la O Castilla-La Mancha 4/2020. La finalidad es ampliar la oferta de vivienda protegida y social mediante la movilización de suelo y la rehabilitación y regeneración urbana. Para ello, se flexibilizan determinados usos y parámetros edificatorios y se simplifican los procedimientos urbanísticos, con apoyo específico a los municipios de menor capacidad. La principal novedad en materia de planeamiento es la creación de los Planes de Rehabilitación Urbana para ámbitos urbanos mayoritariamente residenciales con una presencia relevante de infravivienda o degradación derivada de usos industriales. Estos planes permiten ordenar y transformar dichos ámbitos, incorporar obras de urbanización y aumentar la edificabilidad y la densidad residencial para hacer viable la actuación cuando los fondos públicos sean insuficientes. Exigen un estudio económico-financiero, admiten iniciativa pública o privada —esta última, previa declaración de interés regional— y permiten reducir o eximir justificadamente las cesiones. No se les aplican los estándares autonómicos de edificabilidad máxima y aparcamiento señalados por la norma, aunque deben garantizar las dotaciones mínimas estatales. En municipios con necesidades acreditadas de vivienda situados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, se permite reclasificar suelo rústico como urbanizable mediante un plan especial y se dispensa, en los supuestos previstos, de la consulta previa para actuaciones urbanizadoras en suelo rústico de reserva. Se exige viabilidad urbanística, económica y ambiental, la consolidación completa de las tramas existentes y la imposibilidad de atender la demanda mediante actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana. El crecimiento debe mantener la continuidad con los núcleos existentes y evitar la dispersión. Para estos planes especiales se reducen a la mitad diversos plazos de aprobación, programación y adjudicación urbanizadora, respetando las exigencias de información pública ambiental. Para impulsar la vivienda protegida, se autoriza su implantación, sin modificar el planeamiento, en parcelas terciarias o dotacionales privadas, incluso edificadas, con ordenación detallada suficiente y aptas para edificar o con régimen de simultaneidad de la urbanización. Los usos compatibles no pueden superar el 20 % de la edificabilidad materializada ni ser incompatibles con el uso residencial. En sectores de uso global terciario o dotacional privado, el uso residencial no puede superar el 50 % de la edificabilidad correspondiente a esos usos en el ámbito. En parcelas aptas para construir vivienda protegida situadas en suelo urbano o urbanizable con ordenación detallada aprobada, se permiten incrementos de hasta el 20 % de la edificabilidad y el 30 % de la densidad residencial. Para materializar la edificabilidad adicional, puede autorizarse un aumento de altura de hasta dos plantas. Todo el incremento resultante debe destinarse a vivienda protegida. Este régimen es compatible con el cambio de uso anterior. Los ayuntamientos disponen de cuatro meses para excluir motivadamente la aplicación de ambos regímenes o delimitar sus ámbitos; transcurrido ese periodo, se abre un plazo de cinco años para solicitar licencias. Las obras deben finalizar en un plazo de tres años desde su inicio, con posibilidad de ampliación autonómica de los plazos. L Castilla-La Mancha, DOCM 29-10-2026
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