Actualidad. 29 de julio a 4 agosto de 2025
En la determinación del ajuar, los inmuebles destinados a vivienda habitual o al uso residencial del causante, son todas aquellas viviendas y anejos que se pueden destinar a satisfacer las necesidades continuadas (vivienda habitual) u ocasionales (segunda y ulteriores viviendas) de residencia, y la suma del valor de las mismas constituye la base sobre la que aplicar el porcentaje del 3% para calcular el valor del ajuar doméstico. Sin embargo, no deben considerarse afectos al uso personal del causante los inmuebles arrendados, ni los cedidos gratuitamente a familiares o a terceros en el momento del devengo, porque la previsible falta de residencia del causante en los mismos permite deducir la ausencia de bienes de su ajuar en el mismo.
El ajuar doméstico forma parte de la masa hereditaria y se valora en el 3% del caudal relicto del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje (LISD art.15). Este precepto ha sido interpretado por el Tribunal Supremo (TS 19-5-20, EDJ 559728), estableciendo, entre otras cuestiones, lo siguiente:
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo, se debe distinguir según se trate de inmuebles:
La cuestión objeto de debate es, si para el cálculo del ajuar doméstico, debe incluirse un inmueble de titularidad dominical compartida entre la causante y su hija, que constituía la residencia habitual de esta última. De los documentos que obran en el expediente (certificado de defunción, testamento, escritura de aceptación de herencia y otra de modificación de la misma), se deduce que el inmueble en cuestión no constituía la residencia habitual de la causante. Este hecho, por sí solo, no puede excluir del cómputo del ajuar doméstico al citado inmueble, porque podría tratarse de una segunda residencia. Sin embargo, la hija de la causante, titular de un 50% del piso, se encuentra empadronada en el mismo desde varios años antes de la fecha de devengo del Impuesto, lo cual supone que se encontraba fuera de la esfera de disponibilidad de la causante en dicha fecha. Si bien el empadronamiento por sí solo no constituye prueba de la residencia efectiva en un inmueble, ello unido a que la hija de la causante era propietaria del 50% del mismo, lleva a concluir que no pueda considerarse una segunda residencia de la causante. Esta conclusión no se contradice con la declaración del inmueble por parte de la causante como imputación de renta inmobiliaria, en la declaración del IRPF, sin que pueda acogerse la tesis de la oficina gestora según la cual dicha declaración equivale a considerar el inmueble afecto al uso de la obligada tributaria. La LIRPF, al definir la imputación de renta inmobiliaria (LIRPF art.85), no distingue entre bienes afectos al uso del obligado tributario, de aquellos que no lo están, siendo esta diferencia de trascendencia en cuanto a la determinación del ajuar doméstico.TEAC 30-5-25EDD 2025/622518
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23 diciembre 2025
Con efectos a partir del 23-12-2025, se corrigen las instrucciones del modelo 848, de comunicación del importe del volumen de operaciones en el impuesto.
1 enero 2026
Se armonizan las reglas de valoración de rentas temporales y vitalicias en varios impuestos (IP, ISD e ITP y AJD), lo que dota de mayor coherencia al sistema y aporta seguridad jurídica al contribuyente. Igualmente, se establece la exención de determinados hechos imponibles relacionados con los alojamientos colaborativos para personas mayores, se elevan a rango legal diversas obligaciones formales y de colaboración, como las del personal de Catastro, y se adaptan los procedimientos a la generalización del sistema de autoliquidación.
4 noviembre 2025
A los efectos de calificar como rendimientos de la actividad económica los rendimientos percibidos por el socio por la prestación de servicios profesionales a la sociedad, el término «incluido» a que hace mención la LIRPF art.27.1, tercer párrafo exige única y exclusivamente que el contribuyente esté incluido de manera obligatoria por imperativo legal dentro de los supuestos de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, no siendo necesario que además cumpla el requisito formal de estar dado de alta efectivamente en este régimen especial.
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