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El Juzgado de lo Penal condenó por quebrantamiento de condena (CP art.468.1) al acusado por conducir un vehículo tras haber cumplido una condena de privación del derecho a conducir por más de 2 años, sin haber superado el curso de sensibilización y reeducación vial exigido por la normativa administrativa (RDLeg 6/2015 art.73).
La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por el conductor, revocando la condena y absolviéndole al considerar los hechos atípicos penalmente. El Ministerio Fiscal interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo por aplicación indebida del CP art.468, interesando la defensa la atipicidad penal de la conducta, puesto que la obligación de superar el curso tiene naturaleza exclusivamente administrativa.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del fiscal y confirma la sentencia absolutoria, considerando que:
• La tipicidad penal del quebrantamiento requiere el incumplimiento de un pronunciamiento del fallo condenatorio, lo que aquí no concurre.
• En consecuencia, la conducta es atípica penalmente y solo puede suscitar sanción administrativa, no penal.
• La Sala descarta su encaje tanto en el CP art.384, al no tratarse de pérdida de vigencia por puntos ni de conducción sin nunca haber tenido permiso, como en el CP art.468.1, por la falta de previsión penal expresa respecto a la obligación de realizar el curso.
• Solo una eventual reforma legislativa podría cambiar la calificación penal de estos hechos.
TS 16-10-25, EDJ 724046
1 marzo 2026
La manifestación de expresiones racistas y discriminatorias dirigidas a una persona por su raza y nacionalidad, que incluyen amenazas leves y un claro ánimo excluyente, constituye un delito de odio, y la subsunción de tales hechos en este tipo penal es procedente cuando se demuestra la motivación discriminatoria y el menosprecio a la dignidad de la víctima.
1 junio 2026
El Tribunal Supremo condena por unanimidad a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por formar una organización criminal destinada a manipular la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. Se acredita el uso de influencias y cargos públicos para beneficiar a empresas afines a cambio de comisiones económicas. El Tribunal detalla la existencia de reparto de roles y la utilización de información privilegiada en los procedimientos de emergencia. Se imponen penas de prisión, inhabilitación y multas, con atenuación muy cualificada para Aldama por colaboración con la Justicia, acordando la suspensión de sus penas privativas de libertad. Se absuelve a los acusados de prevaricación administrativa por la situación excepcional de la pandemia. La sentencia destaca el grave daño institucional que provoca la corrupción y la necesidad de proteger la integridad en la gestión pública.
1 julio 2026
Existe limitación legal para que los tribunales de apelación impongan condenas tras una absolución en primera instancia cuando se alega un error en valoración de la prueba. En tales casos, solo procede la nulidad y la devolución para nuevo enjuiciamiento y no la condena directa, incluso ante pruebas de alcoholemia posteriores a la conducción. Las valoraciones fácticas en la fundamentación jurídica favorables al reo, deben ser consideradas válidas para sustentar la absolución.
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