La transmisión de bienes por una persona física declarada en concurso debe respetar las limitaciones a sus facultades de administración y disposición, aunque la situación concursal no conste inscrita en el Registro de la Propiedad. Para inscribir la venta debe acreditarse la intervención de la administración concursal y, cuando resulte exigible, la autorización judicial. La existencia de un precio notablemente inferior al de otras participaciones indivisas del mismo bien no constituye, por sí sola, motivo para rechazar la inscripción. MCON nº 8045 La resolución se dicta en relación con la venta de una finca perteneciente en terceras partes indivisas a tres hermanos, uno de los cuales figuraba declarado en concurso de acreedores. Mientras que dos de ellos transmiten sus respectivas participaciones por 47.000 euros cada una, el concursado vende la suya por 1.000 euros. La registradora suspende la inscripción por no constar la intervención de la administración concursal ni la autorización judicial para la venta, y por considerar que la diferencia de precio podría encubrir una transmisión gratuita o un negocio simulado. La DGSJFP confirma los defectos relacionados con la situación concursal del vendedor. La declaración de concurso produce efectos inmediatos sobre las facultades de administración y disposición del deudor, con independencia de su publicidad registral. En consecuencia, los actos realizados sin la intervención de la administración concursal, cuando las facultades están intervenidas, o sin su actuación sustitutiva, cuando están suspendidas, no pueden acceder al Registro mientras no sean confirmados o convalidados, se acredite la caducidad de la acción de anulación o su desestimación por resolución firme (LCon arts. 106 a 109). Asimismo, durante la fase común del concurso, la enajenación de bienes integrantes de la masa activa requiere, como regla general, autorización del juez del concurso, salvo que concurra alguna de las excepciones legalmente previstas. Esta exigencia es independiente de la intervención de la administración concursal y su cumplimiento debe ser objeto de calificación registral (LCon art. 205). No obstante, la DGSJFP revoca el defecto relativo a la desproporción del precio. Aunque la participación del concursado se transmite por un importe muy inferior al de las otras cuotas indivisas, esta circunstancia no permite concluir, por sí sola, que la venta carezca de causa onerosa o encubra una donación. La escritura expresa una transmisión a cambio de un precio determinado, sin perjuicio de que la eventual existencia de simulación, fraude o gratuidad encubierta pueda ser apreciada por los tribunales. El registrador no puede sustituir esa valoración judicial por una presunción basada exclusivamente en la diferencia de precios (CC art. 1277; LH arts. 18 y 34). En el caso analizado, la situación concursal del vendedor constaba en el Registro Público Concursal y no se había acreditado su conclusión. Por ello, la DGSJFP confirma la suspensión de la inscripción por falta de intervención de la administración concursal y de autorización judicial, pero rechaza que el precio comparativamente bajo constituya un defecto registral autónomo. DGSJFP Resol. 6-7-26, EDD 2026/739498, BOE 23-10-26