29La controversia se centra en si la Diputación Foral de Gipuzkoa había perdido su derecho a reclamar el reintegro de los honorarios percibidos en exceso o por la administración concursal, por haber tolerado su cobro durante varios informes trimestrales, generando una supuesta confianza legítima.El Tribunal Supremo recuerda que la doctrina de los actos propios, fundada en el principio de buena fe, exige una conducta previa concluyente, inequívoca y jurídicamente vinculante, capaz de crear una expectativa legítima en la otra parte. La mera tolerancia o inactividad durante un periodo de tiempo no constituye, por sí sola, un acto propio en sentido jurídico (CC art.7).Pero, además, la Sala subraya que esta doctrina no puede operar cuando su aplicación conduce a la infracción de normas imperativas o de derecho necesario. En estos supuestos, la protección de la confianza legítima cede ante la primacía de la norma legal, que no puede ser eludida por la conducta de las partes (TS 10-2-93, EDJ 74; 25-2-20, EDJ 12345).En el caso concreto, la reclamación se fundamenta en la disp.trans.3.ª de la L 25/2015, que introduce un límite imperativo al derecho de la administración concursal a percibir retribución durante la fase de liquidación, límite que no puede verse neutralizado por la pasividad del acreedor ni por la expectativa generada en la administración concursal.En consecuencia, el Tribunal descarta que la conducta de la Diputación Foral pueda calificarse como un acto propio impeditivo del ejercicio de la acción y estima procedente la reclamación de reintegro.TS 17-12-25, EDJ 793325
1 diciembre 2025
Se suspende la inscripción de un acuerdo de aumento de capital por compensación de créditos, por incompatibilidad con una escritura presentada previamente que modificaba la administración social. El principio de prioridad registral impide la inscripción de actos que sean incompatibles con los anteriores.
1 abril 2026
Se introduce un marco común mínimo para los procedimientos de venta prenegociada, configurados como mecanismos que permiten preparar la venta de la empresa antes de la apertura formal del procedimiento de insolvencia y ejecutarla posteriormente en fase de liquidación. La norma regula su estructura en dos fases, el papel del supervisor, los principios del proceso de venta, la transmisión de activos y contratos y la protección de acreedores y terceros.
1 mayo 2026
Si bien, con carácter general, tanto la junta como sus acuerdos son nulos cuando se ha convocado en lugar distinto al previsto en la ley, en ocasiones, concurriendo circunstancias excepcionales, se ha mantenido su validez, como en este caso, donde la sociedad está compuesta por dos socios hermanos, enfrentados, estando situado el domicilio social en el domicilio particular de uno de ellos, siendo por ello válida la junta convocada para ser celebrada en una notaría en un término municipal contiguo al del domicilio social.
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