3 El 21-12-2022, tras tener conocimiento de la incoación de diligencias penales, la empresa comunica su despido a la demandante a la que imputa una transgresión grave y culpable de la buena fe contractual, así como un quebrantamiento del código de conducta existente en el grupo, al contribuir y facilitar que se girara al cliente una factura manipulada como justificación de un gasto mayor del que realmente tuvo lugar por los servicios de mudanza subcontratados con otra empresa.Impugnado el despido, la sentencia de instancia declara su procedencia, considerando probado que la demandante modificó la factura, asumiendo que lo hizo así por indicación de sus superiores, pero sin haber cuestionado ese proceder ni notificar la orden a otras instancias. Disconforme con esta resolución se alza la demandante en suplicación.El TSJ País Vasco estima el recurso y declara la improcedencia del cese en base a las circunstancias concurrentes. Aunque es cierto que la presentación de la factura inflada había provocado, incluso, el inicio de actuaciones penales, considera totalmente descartado que la demandante actuase por iniciativa y voluntad propias, sino que lo hizo a requerimiento de su superior jerárquico y con el visto bueno del delegado de zona. Además, no consta acreditado que obtuviese ganancia o favor alguno por ello, no habiéndose comprobado las razones de ese silencio o falta de comunicación a otros superiores, que es lo que se imputa a la demandante. Por tanto, la Sala concluye no cabe reprochar una supuesta connivencia en atención a su silencio o falta de comunicación tras la orden empresarial de alterar la factura que justifique el despido, por lo que declara el mismo improcedente.TSJ País Vasco 26-3-24, EDJ 546137
1 noviembre 2025
Se considera acto de competencia desleal por parte de una federación deportiva la autorización o prohibición unilateral respecto de la fijación de fechas y horarios de partidos la liga profesional organizadora, y la imposición de condiciones económicas para dicha autorización.
1 octubre 2025
La Audiencia Provincial aprecia un defecto formal insalvable en el plan de reestructuración al no prever expresamente la extensión de efectos a la garantía hipotecaria otorgada por una sociedad del grupo. La medida, crucial para la viabilidad del plan, no puede introducirse en el auto de homologación si no figura en el propio plan, lo que obliga a revocar la extensión acordada.
1 octubre 2025
En un proceso en el que se desestima la acción de responsabilidad por deudas contra el administrador, debido a que el demandante no acreditó que la deuda reclamada fuera posterior a la causa de disolución, se condena sin embargo al administrador al pago de dicha deuda con fundamento en la acción de responsabilidad por daños acumulada en la demanda, debido a que quedó acreditado mediante indicios (cierre de hecho, impago generalizado de deudas, falta de depósito de cuentas, ejecución judicial infructuosa contra la sociedad) que, estando la sociedad en causa de disolución en una fecha posterior al nacimiento de la deuda, el administrador incumplió su deber legal de promover una liquidación social ordenada, sin que se sepa el destino que dio a los activos sociales con los cuales se podía haber pagado, al menos en parte, la deuda reclamada.
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