3 El 21-12-2022, tras tener conocimiento de la incoación de diligencias penales, la empresa comunica su despido a la demandante a la que imputa una transgresión grave y culpable de la buena fe contractual, así como un quebrantamiento del código de conducta existente en el grupo, al contribuir y facilitar que se girara al cliente una factura manipulada como justificación de un gasto mayor del que realmente tuvo lugar por los servicios de mudanza subcontratados con otra empresa.Impugnado el despido, la sentencia de instancia declara su procedencia, considerando probado que la demandante modificó la factura, asumiendo que lo hizo así por indicación de sus superiores, pero sin haber cuestionado ese proceder ni notificar la orden a otras instancias. Disconforme con esta resolución se alza la demandante en suplicación.El TSJ País Vasco estima el recurso y declara la improcedencia del cese en base a las circunstancias concurrentes. Aunque es cierto que la presentación de la factura inflada había provocado, incluso, el inicio de actuaciones penales, considera totalmente descartado que la demandante actuase por iniciativa y voluntad propias, sino que lo hizo a requerimiento de su superior jerárquico y con el visto bueno del delegado de zona. Además, no consta acreditado que obtuviese ganancia o favor alguno por ello, no habiéndose comprobado las razones de ese silencio o falta de comunicación a otros superiores, que es lo que se imputa a la demandante. Por tanto, la Sala concluye no cabe reprochar una supuesta connivencia en atención a su silencio o falta de comunicación tras la orden empresarial de alterar la factura que justifique el despido, por lo que declara el mismo improcedente.TSJ País Vasco 26-3-24, EDJ 546137
1 noviembre 2025
Se condena al administrador de una sociedad dedicada a la inversión financiera a indemnizar los daños causados a un inversor, al amparo del régimen de responsabilidad por daños, por haber celebrado contratos de asesoramiento financiero y operado sin la preceptiva autorización de la CNMV y haber procedido al cierre de hecho de la sociedad.
1 octubre 2025
Aunque ambas marcas se apliquen a productos de la misma clase (25 del nomenclátor), las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales son suficientes para excluir cualquier confusión. El renombre no garantiza por sí solo la infracción del derecho de marcas, siendo necesario acreditar la existencia de evocación o perjuicio efectivo.
1 octubre 2025
El liquidador no responde del pago de las deudas de la sociedad por el mero incumplimiento de sus deberes formales (elaboración del inventario y balance inicial, formulación de cuentas, operaciones de liquidación, presentación del balance final), sino que es preciso que exista un nexo causal directo entre dicho incumplimiento y el impago de la deuda, cosa que aquí no ocurre en tanto en cuanto no consta que la sociedad tuviese patrimonio alguno con el que satisfacer, siquiera parcialmente, la deuda reclamada.
