Exoneración del crédito público de una diputación provincial
1 octubre 2026
Actualidad concursal. Octubre de 2026
Exoneración del crédito público de una diputación provincial
La exoneración parcial del crédito público se aplica a cualquier acreedor con esa naturaleza, aunque no recaude la AEAT o la TGSS. La exclusión solo alcanza a los créditos públicos ordinarios y privilegiados; los subordinados quedan comprendidos en la exoneración, con cómputo separado por acreedor y por deudor. MCON n.º 8520, 10860. 54 Dos personas físicas en concurso solicitan la exoneración del pasivo insatisfecho y un acreedor público territorial se opone respecto de sus créditos. La controversia consiste en determinar si el régimen de exoneración parcial del crédito público alcanza también a una diputación provincial, cómo se aplica el límite legal cuando el acreedor no es la Hacienda estatal ni la Seguridad Social y qué tratamiento corresponde a los créditos subordinados. El Tribunal Supremo reitera su doctrina establecida en las sentencias de 18-2-2026, EDJ 510134 y EDJ 510138, y recuerda que la exoneración del crédito público no depende de que la gestión recaudatoria corresponda a la AEAT o a la TGSS, sino de la naturaleza pública del crédito. Por eso, el régimen legal de exoneración parcial alcanza también a los créditos de otras administraciones públicas, incluidas las entidades locales (LCon art. 489.1.5). El tribunal precisa, además, que la exclusión legal solo se justifica respecto de los créditos públicos ordinarios y privilegiados. Los créditos subordinados no quedan comprendidos en esa excepción y pueden exonerarse, porque dentro del propio sistema concursal reciben un tratamiento de postergación que impide extenderles el mismo privilegio. Finalmente, recuerda que la aplicación del límite cuantitativo se realiza de forma individualizada respecto de cada acreedor público y de cada deudor. En cada relación acreedor-deudor, los primeros 5.000 euros se exoneran íntegramente y, sobre el exceso, la exoneración alcanza al 50 %, hasta el máximo legal de 10.000 euros (LCon art. 489.1.5). TS 5-10-2026, EDJ 730602