14 Se modifica el modelo 720 declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero. Las modificaciones se aplican, por primera vez, a las declaraciones que se presenten a partir de 1-1-2024, en relación con la información correspondiente a 2023.Los obligados tributarios deben suministrar mediante una declaración anual información sobre los seguros de vida o invalidez de los que resulten tomadores a 31 de diciembre de cada año cuando la entidad aseguradora se encuentre situada en el extranjero, con indicación de su valor de rescate a esa fecha.No obstante, con los efectos antes señalados, se especifica que cuando el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total a 31 de diciembre, se indicará el valor del capital que correspondería obtener al beneficiario a esa fecha. Esto no se aplica a los seguros temporales que únicamente incluyan prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez u otras garantías complementarias de riesgo, ni a las rentas vitalicias y temporales sin contraseguro.Además, se modifican los diseños físicos y lógicos.OF Navarra 80/2013 art.3.3.a y anexo II redacc OF Navarra 15/2024 art.2, BON 26-2-24
1 octubre 2025
El Tribunal Supremo considera adecuado aplicar el baremo de valoración de daños de la Ley 35/2015 de forma orientativa en sectores distintos al tránsito de vehículos, aunque el siniestro sea anterior, en aras a garantizar una reparación íntegra y actualizada de los daños, sin que tal aplicación lesione los principios de igualdad, irretroactividad o seguridad jurídica.
1 octubre 2025
La presentación de una certificación del órgano de administración acreditando la falta de aprobación de las cuentas anuales, con expresión de su causa, basta para levantar el cierre registral, aun cuando las cuentas no hayan sido formuladas por el administrador.
1 octubre 2025
La declaración de concurso no afecta al regular funcionamiento de la junta general en cuanto órgano social de formación de la voluntad de la sociedad que no desarrolla funciones de administración ni actos de disposición; por lo que la administración concursal no puede interferir en la adopción de acuerdos de la junta, pudiendo asistir y emitir opinión, pero no votar, y mucho menos vetar sus decisiones. Con carácter excepcional, requieren su autorización los acuerdos con “contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso”, pero esta excepción no alcanza a los acuerdos propios del devenir ordinario de su vida social, como el cese y nombramiento de administradores.
