13 Con efectos a partir del 13-1-2024, el modelo 030 puede ser empleado para comunicar el cambio de domicilio fiscal por todas las personas físicas, incluidas las que formen parte del censo de empresarios, profesionales y retenedores, que hasta ahora debían presentar necesariamente el modelo 036 para ese fin.No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación del cambio de domicilio fiscal también puede efectuarse en la autoliquidación correspondiente a la imposición personal que las personas físicas residentes en Gipuzkoa tengan que presentar después del cambio de domicilio.Si con anterioridad al vencimiento del plazo de 3 meses para la comunicación del cambio de domicilio fiscal finaliza el de presentación de la autoliquidación correspondiente a la imposición personal que el obligado tributario residente en Gipuzkoa tiene que presentar después del cambio de domicilio, la comunicación puede efectuarse en el correspondiente modelo de autoliquidación.OF Gipuzkoa 412/2014 art.2, 4 y anexo redacc OF Gipuzkoa 2/2024 art.único, BOTHG 12-1-24
9 diciembre 2025
Se establece el contenido de la comunicación, el plazo de presentación, así como aclaración de los efectos y condiciones de la notificación que deben emitir las entidades al Consejo Rector del Consorcio para la inaplicación por causas de fuerza mayor de los incentivos fiscales ZEC.
19 septiembre 2023
Conforme a la doctrina del TJUE, que considera discriminación directa por razón de sexo la concesión del complemento de maternidad exclusivamente a las mujeres, el órgano judicial que conozca de una demanda frente a una resolución administrativa denegatoria del mencionado complemento, adoptada conforme a una práctica administrativa consistente en continuar aplicando la referida norma a pesar de la citada sentencia, no solo debe reconocer el derecho al mismo sino también debe condenar al pago de una indemnización que compense íntegramente los perjuicios sufridos, incluidas las costas y los honorarios de abogado.
1 octubre 2025
La declaración de concurso no afecta al regular funcionamiento de la junta general en cuanto órgano social de formación de la voluntad de la sociedad que no desarrolla funciones de administración ni actos de disposición; por lo que la administración concursal no puede interferir en la adopción de acuerdos de la junta, pudiendo asistir y emitir opinión, pero no votar, y mucho menos vetar sus decisiones. Con carácter excepcional, requieren su autorización los acuerdos con “contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso”, pero esta excepción no alcanza a los acuerdos propios del devenir ordinario de su vida social, como el cese y nombramiento de administradores.
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