Contrato de comisión para la venta de combustible: validez de la cláusula de fijación de precios con posibilidad de descuentos al cliente

1 octubre 2026

Actualidad. Contratos mercantiles. Octubre de 2026

Contrato de comisión para la venta de combustible: validez de la cláusula de fijación de precios con posibilidad de descuentos al cliente

Es válido el pacto incluido en un contrato de comisión en exclusiva para la venta de combustibles y carburantes que obliga a comercializar al precio fijado por la petrolera cuando no establece un precio fijo o mínimo, sino uno máximo o recomendado que permite al comisionista reducir el precio efectivo.

MCM n.º 355
23

La sentencia analiza el caso de una sociedad que explota una estación de servicio ajena en virtud de un contrato de comisión en exclusiva para la venta de combustibles y carburantes y de un arrendamiento de la estación de servicio. El contrato prevé que la petrolera fija el precio y las demás condiciones de venta, pero añade que el explotador puede repartir su comisión con los clientes y reducir el precio efectivo mediante incentivos a su cargo. La demanda solicita la nulidad del contrato por entender que esa cláusula de precio impone un precio de reventa prohibido. La acción se funda en la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia y, en particular, en la fijación de precios de reventa (TFUE art. 101.1; L 15/2007 art. 1).

La sala rechaza la nulidad porque la restricción de precios alegada no queda acreditada. Concluye que no existe una imposición real del precio al público y que la cláusula no revela, por sí misma, una conducta colusoria. El razonamiento decisivo es que el precio comunicado por la petrolera funciona como precio máximo o recomendado, no como precio fijo ni mínimo. Se considera probado que el explotador puede aplicar descuentos con cargo a su comisión y que los aplica efectivamente, sin que esos descuentos hagan inviable la explotación. Las resoluciones previas de las autoridades de competencia por sanciones impuestas a la petrolera solo pueden desplazar la carga de la prueba cuando la conducta litigiosa coincide material, personal, temporal y territorialmente con la infracción declarada en vía administrativa y confirmada judicialmente (TJUE 20-4-23, asunto C-25/21, EDJ 2023/545089). Esa coincidencia no se justifica aquí, en especial por la distancia temporal entre las resoluciones invocadas y el contrato. Además, aunque la existencia de sanciones previas pudiera operar como indicio, este admite prueba en contrario, y la prueba practicada muestra que el gestor rebaja efectivamente el precio máximo sin perder rentabilidad.

Por otra parte, las normas invocadas por la recurrente (Dir. 2014/104/UE; L 15/2007 art. 75) regulan la indemnización por daños derivados de infracciones del derecho de la competencia, pero no la invalidez del negocio por contravención de esas normas. Tampoco se acoge la alegación de que el régimen sectorial de hidrocarburos (L 34/1998 art. 43 bis) no puede amparar una conducta anticompetitiva, porque la decisión no descansa en una excepción legal a la prohibición, sino en que no queda acreditada una fijación de precios contraria al derecho de la competencia.

TS 24-9-26, EDJ 715586

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