Inteligencia artificial como causa de despido colectivo

3 noviembre 2026

La implantación de inteligencia artificial puede integrar la causa organizativa y productiva del despido colectivo cuando reduce necesidades de trabajo en el área afectada. La falta de buena fe no se desprende solo de la identificación inicial de afectados, de la composición de la comisión o de la ausencia de asesoramiento externo si existen propuestas, contrapropuestas y cambios efectivos en la negociación.

Actualidad. Del 3 al 9 de noviembre de 2026

La inteligencia artificial como causa de despido colectivo

La implantación de la inteligencia artificial puede integrar la causa organizativa y productiva del despido colectivo cuando reduce las necesidades de trabajo en el área afectada. La falta de buena fe no se desprende únicamente de la identificación inicial de las personas afectadas, de la composición de la comisión o de la ausencia de asesoramiento externo, si existen propuestas, contrapropuestas y cambios efectivos en la negociación.

MS n.º 2800
MDE n.º 3260

Una empresa de videojuegos inicia un despido colectivo para extinguir 13 contratos. La medida se inserta en una reorganización interna ligada a fuertes pérdidas y a cambios en la producción, entre ellos, la implantación de herramientas de inteligencia artificial que reducen los tiempos de ejecución en tareas de diseño y llevan a redimensionar el área de arte 3D. La plantilla elige por votación a la comisión que negocia con la empresa y el período de consultas concluye con acuerdo. Una de las trabajadoras afectadas impugna su despido y sostiene que la nulidad del despido colectivo deriva de una negociación meramente aparente.

La Sala descarta esa nulidad porque aprecia una negociación real y no una simple cobertura formal del procedimiento. El deber de buena fe negocial exige que las partes negocien con vistas a un posible acuerdo y sobre medidas aptas para evitar o reducir las extinciones o atenuar sus efectos, pero no impone un resultado determinado ni convierte cualquier discrepancia con la estrategia seguida por la representación social en un vicio invalidante del proceso (ET art. 51.2; LRJS art. 124.11; TS 14-1-26, EDJ 503900).

La identificación nominal de las personas trabajadoras afectadas desde el inicio no elimina la discusión sobre los criterios de selección. La comunicación empresarial debe incluir el número y la clasificación profesional de las personas afectadas, así como los criterios de designación, y la relación nominativa permite precisamente comprobar si esos criterios se aplican o no. Esa información no constituye un defecto negociador, más aún cuando la representación de los trabajadores no cuestiona durante las consultas la designación concreta de las personas afectadas (ET art. 51.2; TS 16-9-15, EDJ 230718, Rec. 230/14).

La composición de la comisión tampoco evidencia falta de buena fe por el solo hecho de que se atribuya a algunos integrantes una posición directiva en la empresa. Los representantes son elegidos por la plantilla entre candidatos identificados, de modo que los votantes conocen a quiénes designan. Sin prueba de engaño en la elección, de afectación real a la imparcialidad de la mesa o de merma efectiva en la defensa de los trabajadores, no cabe concluir que la empresa negocia consigo misma.

La asistencia jurídica externa no altera esa conclusión. Que no llegue a incorporarse el asesoramiento solicitado por las personas afectadas no vicia por sí solo el período de consultas, porque el deber de buena fe se exige entre las partes negociadoras y no en la relación interna entre cada trabajador y su comisión representativa. La Sala añade que esa circunstancia tampoco se plantea en la mesa negociadora como objeción al desarrollo de las consultas.

Tampoco el contenido del acuerdo permite sostener que no exista una negociación real. Aunque la indemnización general finalmente pactada se fija en 20 días por año, el período incluye varias reuniones, propuestas y contrapropuestas sobre la cuantía y la forma de pago, y el resultado final sustituye el abono aplazado por el pago íntegro al extinguirse los contratos e incorpora mejoras específicas para una trabajadora con circunstancias singulares. Por lo expuesto, se desestima el recurso de suplicación.

TSJ Madrid 8-10-26, EDJ 742010

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