Un auxiliar administrativo que presta servicios como personal laboral fijo de un hospital del servicio de salud viene realizando funciones superiores de oficial administrativo desde hace años. En el área donde trabaja solo están un oficial y él, realizando ambos las mismas funciones y sustituyéndose en vacaciones, bajo la dependencia directa de un jefe de área.
Tras reclamar en periodos sucesivos, distintos juzgados de lo social le reconocen el derecho a percibir las diferencias retributivas con la categoría superior, la primera vez las del año 2007 a 2008. En 2015, la empresa le comunica que se le releva de las funciones de oficial administrativo y que debe realizar exclusivamente funciones de su categoría de auxiliar administrativo.
Una vez más, el empleado reclama las diferencias retributivas, esta vez del año 2018 a 2019, y tanto el JS como el TSJ desestiman su demanda y recurso, respectivamente. Este último considera que ha de apreciarse el efecto de cosa juzgada en relación a la sentencia que tiene en cuenta la comunicación de cesar en las funciones superiores, y no respecto de las sentencias firmes previas que han reconocido el derecho a las diferencias salariales.
Aquel interpone recurso de casación para unificación de doctrina.
El núcleo de la cuestión consiste en determinar si tiene derecho a percibir diferencias salariales por realizar funciones de superior categoría pese a existir una orden empresarial en contra de la realización de esas funciones, junto al efecto de la cosa juzgada.
El TS analiza la comunicación empresarial y concluye:
10 febrero 2026
La empresa no puede fijar de forma unilateral criterios y factores de ponderación para el llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos distintos de los establecidos en el convenio colectivo de aplicación, alegando que este solo regula determinados supuestos y que, tras un un proceso de negociación que no fructifica, procede establecerlos con carácter provisional.
3 febrero 2026
El cambio a un trabajador que dispone de un espacio propio con ordenador a un habitáculo sin ordenador ni mesa, sin justificación, constituye una modificación sustancial del contrato que hace recaer en la empresa la carga de probar que su actuación obedece a causas reales y objetivas, extrañas a una vulneración de derechos fundamentales, con entidad suficiente para fundamentar la decisión.
22 febrero 2022
No hay transgresión de la buena fe contractual sancionable con el despido, porque de la prueba practicada no se evidencia que tenga aptitud para el trabajo ni esté simulando la enfermedad, tampoco que las actividades imputadas (conducir un vehículo cargar pequeños pesos y acudir al gimnasio) interfieran negativamente en el restablecimiento de su estado de salud. En el caso concreto existía, además, un informe médico que especifica que el paciente había obtenido mejoría clínica con ocasión del ejercicio físico regular realizado por su cuenta
