8 Con vigencia a partir del 18-11-2025, se establecen los criterios para identificar u reconocer los procesos irreversibles y de alta complejidad incluidos en al ámbito de aplicación de la Ley ELA (L 3/2024 art.2.2). Son los siguientes:a) Tener una condición irreversible y con una reducción significativa de supervivencia. Se consideran incluidas aquellas enfermedades que progresan rápidamente hacia situación funcional que requiera una gran intensidad de cuidados sociosanitarios y apoyos para la realización de actividades básicas de la vida diaria, y que afectan de manera directa a la expectativa de vida.b)No haber tenido una respuesta significativa al tratamiento, o cuando no existan alternativas terapéuticas que vayan a mejorar el estado funcional o el pronóstico de estas personas.c) Precisar cuidados sociales y sanitarios complejos, centrados en el ámbito domiciliario y que supongan un alto impacto para el entorno cercano de las personas afectadas. Se incluyen las enfermedades que requieran atención integral sociosanitaria continua de manera diaria y el uso de dispositivos de soporte funcional o vital.d) Tener una rápida progresión en algunos de estos procesos que requiera acelerar procesos administrativos de valoración y reconocimiento del grado de discapacidad o dependencia. Se considerará que una enfermedad o proceso cumple este criterio cuando se produzca un deterioro clínico acelerado que pueda requerir una valoración acelerada.Estos criterios pueden ser aplicados a cualquier enfermedad o proceso irreversible y de alta complejidad, neurológicas o no neurológicas, que pudiera ser susceptible de cumplirlos. No obstante, se recoge un listado indicativo de los procesos y enfermedades irreversibles y de alta complejidad susceptibles de ser incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024 (RD 969/2025 anexo I).El procedimiento para solicitar esta calificación se inicia a instancia de la persona afectada o de quien ostente su representación, conforme al procedimiento establecido para Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (L 39/2015 art.28 s.; L 3/2024). La evaluación se realiza por un profesional médico o por una profesional médico responsable del seguimiento de la enfermedad, aplicando el cuestionario de verificación de los criterios operativos (RDL 969/2025 anexo II), que debe emitir el informe en el plazo máximo de 1 mes desde la solicitud.La resolución de dicta en el plazo máximo de 3 meses por la administración autonómica y tiene validez en todo el territorio nacional. En ella se determinan los servicios o prestaciones correspondientes.RD 969/2025, BOE 29-10-25
15 noviembre 2022
No se puede imponer la realización de pruebas PCR a los trabajadores en base a un protocolo de actuación de la Administración que no cumple los requisitos de validez de una norma jurídica y del que no consta su publicación oficial
4 octubre 2022
Durante los tres primeros meses de estancia temporal los ciudadanos inactivos nacionales de otro Estado miembro gozan de residencia legal y se benefician de la igualdad de trato prevista en los Reglamentos de coordinación respecto de las prestaciones de Seguridad Social. Si un Estado limita el acceso de estos nacionales comunitarios a prestaciones familiares de Seguridad Social incurre en una discriminación directa por razón de la nacionalidad que no puede tener amparo en las excepciones previstas únicamente respecto de la asistencia social en la Directiva sobre libre circulación. En todo caso, el solicitante debe haber establecido su residencia habitual en el Estado de acogida.
30 agosto 2022
Es indicio de vulneración del derecho fundamental que la extinción del contrato temporal pudiera obedecer a la participación en fechas próximas en una huelga en la que participó como miembro del comité de huelga. La inversión de la carga de la prueba permite calificar de nulo ese despido cuando la empresa no ofrece una explicación objetiva, razonable y proporcionada de que su actuación extintiva fuera ajena a todo móvil vulnerador del legítimo ejercicio del derecho de huelga. La empresa tampoco consiguió desvirtuar la vinculación temporal entre la extinción y la huelga, ni ofreció razones suficientes para justificar que la trabajadora fuera excluida de nuevas contrataciones.
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