Responsabilidad patrimonial por anulación de actos urbanísticos obtenidos por silencio administrativo positivo

Actualidad Urbanismo. Marzo 2026

Responsabilidad patrimonial por anulación de actos urbanísticos obtenidos por silencio administrativo positivo

En los casos de anulación judicial de actos administrativos discrecionales aprobados por silencio administrativo positivo, la doctrina del margen de tolerancia, que excluye la responsabilidad patrimonial, solo es aplicable de forma excepcional cuando pueda inferirse que la decisión, aunque ilegal, se mantuvo dentro de márgenes razonables y prudentes. En general, la falta de motivación expresa impide excluir la responsabilidad patrimonial, salvo que concurra culpa del interesado, que justifique la carga del daño.

La cuestión jurídica consiste en determinar si la doctrina del margen de discrecionalidad, que exonera de responsabilidad patrimonial a la Administración cuando el acto anulado se basó en una interpretación razonable y razonada del Derecho, resulta extensible a los actos presuntos derivados del silencio administrativo positivo, así como en delimitar los presupuestos necesarios para que dicha exclusión de responsabilidad sea jurídicamente válida.

Una mercantil reclamó responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Málaga por daños derivados de la anulación judicial de un Estudio de Detalle, aprobado por silencio administrativo positivo. La reclamación fue inicialmente desestimada y posteriormente objeto de recursos judiciales.

El Tribunal Supremo establece como regla general que la doctrina del margen de discrecionalidad no es aplicable a actos producidos por silencio administrativo positivo, debido a la ausencia de motivación expresa. No obstante, admite su aplicación en casos excepcionales en los que pueda inferirse razonabilidad y prudencia en la decisión. En este caso concreto, se confirma la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por concurrencia de culpas con la mercantil, rechazando la exclusión de responsabilidad basada en dicha doctrina.

La L 39/2015 impone la obligación de dictar resolución expresa y motivada en actos discrecionales. Este requisito no se cumple en los actos por silencio administrativo positivo, lo que impide aplicar la doctrina del margen de discrecionalidad, que exige razonabilidad y motivación. Además, la anulación judicial del Estudio de Detalle se fundamentó en la falta de razonamiento suficiente y en la ilegalidad del contenido. Por su parte, la mercantil tuvo una participación activa en la tramitación, configurando una concurrencia de culpas que excluye la indemnización.