1 septiembre 2026
Asequibilidad y ampliación de oferta de vivienda en zonas tensionadas
Se recomiendan una serie de medidas para mejorar la asequibilidad de las viviendas, así como la oferta de las mismas.
MU nº 3946 32
Por sentencia del TS de 29-4-26 se declara nulo de pleno derecho, por no ser conforme a Derecho, en relación con la instalación de las plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses situados en el dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas de gestión estatal:
- el RD 662/2024, que estableció el régimen jurídico al que debían someterse; y
- el RD 849/1986, art. 139 ter, que preveía la necesidad de que éstas requirieran la obtención previa de concesión administrativa con carácter temporal y plazo máximo de 25 años.
En relación con la concesión administrativa para las instalaciones de plantas fotovoltaicas citadas se habían excluido las instaladas en lagos, lagunas u otros elementos no clasificados, o en masas de agua muy modificadas o artificiales afectadas por figuras de protección ambiental. TS 29-4-26, EDJ 586043
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1 septiembre 2026
Se recomiendan una serie de medidas para mejorar la asequibilidad de las viviendas, así como la oferta de las mismas.
1 abril 2026
Se ha superado el rigor formalista en la práctica registral respecto a la exigencia de mandamientos judiciales específicos para la cancelación y revitalización de asientos derivados de ejecuciones hipotecarias sobreseídas por nulidad de cláusulas abusivas. El auto de sobreseimiento es título suficiente para estas operaciones si identifica correctamente a la finca y el acto jurídico.
1 agosto 2026
La resolución destaca la importante distinción entre la duración administrativa o sustantiva de la medida cautelar de prohibición de disponer y la duración registral de la anotación preventiva que la hace efectiva frente a terceros, lo que condiciona la cancelación registral. También subraya que la Ley General Tributaria no establece un plazo de caducidad específico para dicha anotación, por lo que debe aplicarse el plazo general de 4 años previsto en la Ley Hipotecaria, evitando así cancelaciones automáticas que puedan perjudicar la seguridad jurídica y la publicidad registral.
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