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Entre los compromisos que han de contenerse en el plan de sectorización se incluyen las certificaciones técnicas de los órganos competentes respecto a la suficiencia de las redes de infraestructuras para garantizar el abastecimiento de la demanda de los servicios públicos derivados de la propuesta. Estas certificaciones pueden condicionarse a la planificación que se encuentre en vigor con posterioridad a la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico. Pero no impide la aprobación del instrumento de planeamiento cuyo uso global sea el residencial la existencia de una certificación negativa sobre la suficiencia de las citadas redes, condicionada o no, si bien debe quedar acreditada la misma en un momento posterior y, en todo caso, con carácter previo a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. LSM art.45.4.b) redacc L Madrid 2/2026, BOCM 15-6-26
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1 abril 2026
Se aprueba la Estrategia Regional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica de Castilla-La Mancha, en desarrollo del marco estatal, tomando como referencia la Estrategia Nacional y la infraestructura verde como una red coherente y planificada de zonas naturales y seminaturales terrestres y marinas para conservar ecosistemas y servicios.
1 junio 2026
La interpretación restrictiva debe darse a las medidas de suspensión de licencias urbanísticas, diferenciando claramente entre licencias de edificación y licencias de cambio de uso. Es necesario justificar las medidas restrictivas con datos y estudios que acrediten razones imperiosas de interés general, en especial en el contexto de la regulación de viviendas de uso turístico y la protección del derecho a la vivienda y el entorno urbano.
1 noviembre 2025
La adjudicación judicial en venta directa concursal transfiere el dominio al adjudicatario, equiparándola a la subasta judicial e imponiendo la obligación de pago de cuotas de comunidad desde dicho momento, sin necesidad de escritura pública. Se revoca así sentencias previas que exigían ese requisito para reconocer la legitimación pasiva de la SAREB frente a la reclamación de la comunidad de propietarios.
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