Andalucía. Evaluación ambiental estratégica

El dolo en la prevaricación urbanística se configura por la conciencia plena y voluntad de actuar al margen del ordenamiento jurídico, sin que la existencia de un fin loable exonere de responsabilidad penal. La jurisdicción penal es competente para ordenar la demolición de obras ilegales y la nulidad de licencias urbanísticas concedidas con prevaricación, incluso cuando haya transcurrido el plazo administrativo para la demolición.

En un contrato de obra celebrado por una comunidad, en el que los copropietarios asumen individualmente la obligación de pago correspondiente a sus porcentajes, estos están legitimados para reclamar personalmente las cantidades pagadas al prestamista en contratos de crédito vinculados y para las acciones frente al contratista, sin que dicha legitimación se limite exclusivamente a la comunidad.

El Tribunal destaca la importancia del cumplimiento estricto de los plazos para la solicitud de legalización de obras sin licencia, reafirmando que la naturaleza del uso del inmueble no exime del cumplimiento de la normativa urbanística en materia de obras y licencias.