1 octubre 2026
Cataluña. Prórroga de las zonas de mercado residencial tensionado en 53 municipios
Se declaran zona de mercado residencial tensionado 53 municipios de Cataluña, de acuerdo con la ley por el derecho a la vivienda.
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Resuelve el Tribunal la duda sobre si la adjudicación de un inmueble a un socio en liquidación de la sociedad propietaria constituye una transmisión onerosa que habilite el derecho de retracto del arrendatario regulado en la LAU art. 25.
Una sociedad mercantil era propietaria de un inmueble arrendado a dos personas; tras la disolución y liquidación de la sociedad, el inmueble fue adjudicado a una socia de la misma, y los arrendatarios ejercitaron un derecho de retracto arrendaticio urbano contra dicha socia.
El Tribunal Supremo no considera que la adjudicación de la finca en liquidación societaria constituya una transmisión onerosa que active el derecho de retracto del arrendatario, confirmándose la doctrina jurisprudencial restrictiva sobre el retracto legal.
La LAU art. 25 exige una transmisión onerosa para el ejercicio del retracto. La adjudicación en liquidación societaria no implica un precio o contraprestación autónoma, sino la concreción de un derecho preexistente del socio, por lo que no se configura una transmisión susceptible de retracto, conforme a la interpretación restrictiva de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.TS 16-4-26, EDJ 564967
1 octubre 2026
Se declaran zona de mercado residencial tensionado 53 municipios de Cataluña, de acuerdo con la ley por el derecho a la vivienda.
1 marzo 2026
Régimen aplicable a la ordenación urbanística y territorial en relación con la contaminación acústica.
1 junio 2026
La expropiación por ministerio de la ley no es un remedio válido para la inactividad o demora de la Administración en la gestión urbanística cuando los terrenos están afectados por un sistema de ejecución del planeamiento basado en la cooperación de los propietarios. Prevalece el sistema normativo propio de la gestión urbanística sobre la potestad expropiatoria en estos casos, teniendo el instituto expropiatorio una función limitada frente a los mecanismos propios de gestión urbanística participativa.
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