Derecho Fiscal

Se introducen novedades en la reserva especial para nivelación de beneficios y se establece un régimen transitorio.

Se introducen novedades en los requisitos para la consideración de sociedad patrimonial.

Se realizan determinados ajustes en el régimen fiscal de cooperativas de Bizkaia para compatibilizar la nueva normativa sustantiva de las cooperativas y su tratamiento tributario.

Con efectos desde el 1-1-2023, se amplía el contenido de la gestión tributaria

Se modifica la norma que regula este registro centralizado de cuentas bancarias para adaptar su contenido a la legislación europea.

Con el objetivo de impulsar la recuperación económica se modifican aspectos relativos a las obligaciones de información, recaudación, inspección e infracciones y sanciones.

No están sujetas las primas satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia, suscritos por personas que ejerzan respecto del contribuyente la curatela con facultades de representación.

Se aclara cómo deben acreditar las entidades sin fines lucrativos el derecho a la exención y se incluyen dos nuevas exenciones objetivas en el ITP y AJD.

La fase de ejecución forma parte de las fases del convenio de acreedores, por lo que debe seguir aplicándose la inversión del sujeto pasivo a las posibles entregas de bienes inmuebles.

Cuando se declara la nulidad de pleno derecho del PGOU por el que se clasificaba una finca como urbana, se considera que esta no perdió en ningún momento su condición de rústica. El contribuyente tiene derecho a la devolución de todas las cantidades abonadas como consecuencia de la clasificación como urbana de la finca desde que la clasificación produjo sus efectos mediante su acceso al Catastro Inmobiliario.

El valor de los bienes dejados mediante legado es relevante a efectos de la delimitación del ajuar doméstico, pero no de su distribución.

Con efectos desde el 29-8-2022, se incluye este impuesto dentro de las figuras tributarias que pueden ser cedidas a las Comunidades Autónomas, quienes podrán asumir, en los términos que establezca la ley de cesión, la regulación de los tipos impositivos y la gestión del impuesto, además de competencias en materia de gestión, inspección, recaudación y revisión tributaria.