Derecho Fiscal

Como consecuencia de la modificación de la regla de utilización o explotación efectiva aplicable a determinadas prestaciones de servicios prevista en el IGIC, se establecen los plazos de presentación para las autoliquidaciones complementarias a presentar.

Se modifica el modelo de certificado de exención para incluir las exenciones previstas para la COVID-19 y la política común de seguridad y defensa.

Se autoriza al titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a establecer reducciones en los índices o módulos en el año 2021, en el caso de que se hayan producido circunstancias excepcionales según lo recogido en RIVA art.38.3.

Se aprueba una exención de la cuota del IBI del ejercicio 2022 de los inmuebles rústicos propiedad de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, que estén afectos al desarrollo de tales explotaciones.

Cuando la revocación de un acto firme se constituye como una cuestión incidental dentro de un procedimiento de devolución de ingresos indebidos, la acción corresponde al contribuyente y el órgano judicial tiene potestad, en el supuesto de impugnación, para pronunciarse sobre la totalidad del fondo. En todo caso, para que un acto sea revocable por infracción manifiesta de la Ley, tal infracción ha de ser clara e indiscutible.

Se han aprobado los modelos de declaración del IP correspondientes al ejercicio 2021, estableciendo la forma, plazos y procedimiento para su presentación.

La no integración de pérdidas por la transmisión de participaciones también resulta de aplicación cuando se generen por la amortización de acciones.

Para el ejercicio 2021, se incrementa el porcentaje de reducción del rendimiento neto de módulos para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

Con efectos a partir del 19-3-2022, se aprueba el modelo de declaración del Impuesto para el ejercicio 2021 y se determina el lugar, forma y plazos para su presentación, así como el procedimiento para la obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración.

Se consideran afectos a actividades económicas los bienes inmuebles que hayan sido objeto de cesión o de constitución de derechos reales que recaigan sobre ellos si estas operaciones se han constituido a favor de personas o entidades vinculadas o entre entidades que forman parte de un grupo.

Se introducen novedades en las obligaciones de información de las entidades vinculadas.

Se introducen novedades en los límites de la reserva especial para nivelación de beneficios.